El Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado un Real Decreto que regula el procedimiento de concesión directa de una subvención de carácter excepcional para el desarrollo de acciones que contribuyan a aumentar la seguridad de los tripulantes de la flota española de atuneros congeladores, que actualmente faenan en el Océano Índico, a través de la contratación de servicios de seguridad privada a bordo. El texto fue presentado por la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa.

El decreto establece que las condiciones en las que operan los buques atuneros congeladores en el Océano Índico se han visto alteradas por la presencia de acciones de piratería que ponen en peligro la integridad de la flota. Por ello, es necesario llevar a cabo medidas, que pretenden constituirse como una herramienta eficaz de lucha contra la piratería fortaleciendo la seguridad de la flota española que faena en aguas del Índico.

Estas medidas, se dirigen a la totalidad de la flota española autorizada a faenar en este océano, que en la actualidad está integrada por un total de 17 buques, que son: Alakrana, Albacan, Albacora cuatro, Albatun dos, Campo Libre Alai, Elai Alai, Felipe Ruano, Izurdia, Playa de Anzoras, Playa de Aritzatxu, Txori Argi, Txori Gorri, Txori Toki, además de los de apoyo Alakrantxu, Ortube Berria, Archanda y Taraska.

La subvención alcanzará un importe máximo del 25% del coste total de los servicios contratados, con un límite de 1.921.375 euros que se imputarán al presupuesto de gastos para los años 2010 y 2011 del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, correspondiendo al presupuesto de 2010 la cantidad máxima de 1.080.000 euros y al 2011 la cantidad de 841.375 euros.

El importe de la subvención estará destinado a cubrir los costes ocasionados por la contratación de servicios de personal de seguridad privada, exceptuando los costes de viajes, desplazamientos, armamento, munición, así como la custodia de la misma, según establece el decreto.

Las ayudas tendrán una duración máxima de 12 meses, con carácter retroactivo, contando su inicio desde noviembre de 2009 y su finalización en enero de 2011.