La Asociación Nacional de Industrias Transformadoras de Grasas y Subproductos Animales (ANAGRASA) ha decidido interponer una denuncia ante la Comisión Europea por infracción de la normativa de ayudas de Estado y la que regula la concesión de derechos exclusivos a empresas públicas de modo contrario al Tratado de la Unión Europea. En
concreto, la denuncia se dirige contra el régimen jurídico y económico de las empresas públicas TRAGSA (controlada por la Administración General del Estado) y SIRASA (titularidad del Gobierno de Aragón).

Desde hace años, ANAGRASA está sufriendo, a su juicio de forma ilegal, la injerencia permanente por parte de TRAGSA y SIRASA en las actividades propias de sus miembros y a las que se dedican en exclusiva, a saber, la recogida, transporte, transformación y eliminación de subproductos animales no destinados al consumo humano.

TRAGSA y SIRASA son empresas públicas de gran envergadura (TRAGSA facturó 1.556 millones de Euros en 2009), que realizan multitud de actividades que la Administración pública española les reserva en régimen de exclusividad, incluyendo las del sector de actividad propio de los miembros de ANAGRASA.

El Estado sufraga las remuneraciones de estas empresas públicas que, además de elevadas por sus ineficientes estructuras de costes, incluyen un margen comercial desproporcionado y directamente soportado por las arcas públicas y los demandantes de los servicios. Los beneficios así generados son utilizados por las empresas públicas para, entre otras, financiar su expansión a nuevas actividades, en una evidente contravención de las normas del Tratado de la UE.

Respecto a la prestación de servicios de recogida y transporte de subproductos animales, ciertas Comunidades Autónomas conceden a estas empresas públicas el monopolio en su territorio, contrariamente a lo que sucede en otras autonomías en las que los servicios son prestados en régimen de libre competencia.

Asimismo, ciertas administraciones autonómicas conceden en exclusiva a TRAGSA y SIRASA la prestación de servicios de transformación y eliminación de subproductos animales. Estas empresas, sin embargo, no disponen de plantas de
transformación/eliminación en la actualidad, pero han manifestado recientemente su intención de comenzar a prestar tales servicios mediante la construcción de determinadas plantas de transformación, evidentemente financiadas con dinero público.

Actualmente, en la mayoría de los casos respecto a los servicios de recogida y transporte y siempre en el caso de los servicios de transformación y eliminación, TRAGSA y SIRASA subcontratan dichos servicios a operadores privados a través de procedimientos de licitación. A pesar de no incurrir en coste alguno al no prestar el servicio obtienen márgenes de intermediación desproporcionados, que pueden alcanzar la mitad del precio satisfecho a las empresas subcontratadas que prestan efectivamente el servicio.

La situación descrita va en detrimento tanto de los demandantes de los servicios como de los miembros de ANAGRASA, que concurren a las licitaciones convocadas por TRAGSA y SIRASA en condiciones significativamente limitadas. El daño resultante para los miembros de ANAGRASA puede llegar a la expulsión del mercado en aquellas Comunidades Autónomas donde se decide arbitrariamente que las empresas públicas presten directamente los servicios, incluso en los ámbitos en que no venían operando hasta ahora, sin aportar ningún beneficio para los usuarios del mismo.

Por todo lo anterior, ANAGRASA se ha visto forzada a la interposición de esta denuncia tras los reiterados intentos fallidos en numerosas ocasiones para alcanzar un acuerdo con TRAGSA y SIRASA, además de con los organismos públicos y Ministerios implicados ante la descrita intromisión ilegal en su sector de modo contrario a la legislación vigente de defensa de la competencia comunitaria y otras normas del Tratado de la UE.