El Senado aprobó el miércoles la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva comunitaria 2008/98/CE y actualiza la legislación, tras más de 10 años de aplicación de la primera Ley de Residuos.

La nueva política apuesta por la prevención, maximizando el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos y la disminución de sus impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente.

El nuevo texto actualiza el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos, delimitando las obligaciones de productores y gestores, y simplifica trámites administrativos, utilizando un registro compartido entre las Administraciones que garantiza la transparencia y trazabilidad en la gestión.

La Ley crea una Comisión como instrumento de cooperación técnica y de coordinación entre Administraciones públicas en materia de residuos. La participación de los agentes afectados está prevista mediante la creación de grupos de trabajo, lo que permitirá desarrollar una política de residuos más transparente y eficaz.

Asimismo, clarifica las competencias de las administraciones públicas implicadas en la gestión de los residuos, en especial en el ámbito local.

De acuerdo con la legislación comunitaria, antes de 2015 deberá llevarse a cabo una recogida separada de distintos materiales procedentes de residuos (papel, plástico, vidrio, metales), promoviendo medidas para la recogida separada de los biorresiduos y su tratamiento biológico.

Se incorpora un objetivo estratégico de prevención del 10%. Para los distintos materiales que componen los residuos domésticos y similares se establece un objetivo de preparación para la reutilización y reciclado de un 50% antes de 2020. En el caso de los residuos de construcción y demolición el porcentaje se eleva al 70% en reutilización, reciclado y valorización.

La nueva Ley obliga a las Administraciones Públicas a elaborar planes y programas de prevención y de gestión de residuos en el ámbito de sus respectivas competencias.

Se crea un marco legislativo común para que los fabricantes y responsables de la puesta en el mercado de los productos se involucren en la prevención y gestión de los residuos. La nueva Ley contribuye a impulsar la innovación asociada a productos y procesos, generando nuevas oportunidades laborales y sociales. Asimismo posibilita que en el futuro, y de acuerdo con la legislación comunitaria, puedan establecerse sistemas de depósito, devolución y retorno como modalidad de gestión de los productos y sus residuos, siempre que se demuestre que son técnica y económicamente viables.

Se establece un calendario para la sustitución, en 2018, de las bolsas comerciales de un solo uso de plástico no biodegradable, y desde 2015 la obligación de marcarlas con un mensaje sobre sus efectos en el medio ambiente. En 2016 el Gobierno evaluará la consecución de los objetivos de dicho calendario y la conveniencia de adoptar medidas fiscales sobre el consumo de estas bolsas.

Se mantiene el régimen aplicable a los suelos contaminados de la Ley 10/1998 de Residuos y se clarifican algunas cuestiones relacionadas con la responsabilidad de la contaminación de los suelos.
El nuevo texto refuerza las funciones de vigilancia, inspección y control, en consonancia con la supresión de determinadas autorizaciones y su sustitución por comunicaciones. Asimismo se ha clarificado y completado el régimen sancionador.

Para la elaboración de esta ley, aprobada hoy, se ha mantenido un proceso amplio y continuado de participación pública y de consulta con las Comunidades Autónomas, Entidades Locales y Consejo Asesor de Medio Ambiente.

Esta Ley es el resultado del esfuerzo realizado por las distintas Administraciones, las organizaciones sociales, así como los sectores empresariales, para avanzar en una gestión más eficaz económica y ambientalmente de los residuos y en un uso más eficiente de los recursos en línea con la nueva política europea sobre residuos.