La `ALIANZA POR LA UNIDAD DEL CAMPO´, que forman las organizaciones COAG y UPA, y algunas cooperativas agrarias de la región consideran un auténtico despropósito el impresentable impuesto que quieren imponer a los agricultores que reutilicen su propia semilla de cereal para sembrar.
El colectivo de semillistas por un lado y de almacenistas por otro bajo las siglas ACCOE, ACML, ANOVE, APROSE, SEMICAN firman un acuerdo con GESLIVE, con el apoyo de Cooperativas Agroalimentarias, en el que imponen un impuesto revolucionario muy lesivo para los intereses de los agricultores cerealistas de nuestro país.
Estas empresas semillistas ya pactaron en su día subir por encima del 20 % de media todas aquellas variedades certificadas de semillas R-1 y R-2.
Resulta especialmente rechazable la actitud de algunas cooperativas que haciendo el juego a esos colectivos han sucumbido a este abuso a cambio de una comisión por kilo de semilla comercializada que tendrán que pagar los agricultores por utilizar su propio cereal para sembrar.
UPA y COAG exigen una inmediata rectificación por parte de los colectivos que proponen este nuevo atropello contra los intereses de los agricultores, e instamos a las Administraciones competentes que actúen ante esta imposición perpetrada de forma conjunta y perfectamente diseñada para agrandar las cuentas de dichas asociaciones.
Este sistema recaudatorio vendrá a encarecer aún más el cereal utilizado para alimentación ganadera en una situación de crisis acumulada desde hace años.
Resulta insólito que estas actuaciones se presenten públicamente con el beneplácito del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino favoreciendo de esta manera los intereses de los empresarios en detrimento de las explotaciones familiares.
LA ALIANZA POR LA UNIDAD DEL CAMPO denuncia que en esta ocasión se quiere rebasar la raya de la paciencia que tienen los productores, imponiendo unas propuestas que llevan implícito un abuso de poder pactado que debe ser investigado por el Tribunal de Defensa de la Competencia.
COAG y UPA van a luchar hasta las últimas consecuencias para acabar con esta injusticia, ya que los pasos dados hasta la fecha por estos recaudadores resulta un atentado contra la economía de las explotaciones familiares agrarias de nuestro país.
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