Pese al rechazo con que fue recibida en el Parlamento, donde tanto el PP como IU presentaron enmiendas a la totalidad, pese al voto en contra de los agentes económicos y sociales en el Comité Económico y Social de Andalucía, pese al tremendo varapalo con que el texto fue despachado por el Consejo Consultivo de Andalucía, que rechazó la redacción de 15 de los 39 artículos y señaló que muchos de sus preceptos estaban “vacíos de contenido”, y pese al amplio rechazo de la mayor parte de los olivareros andaluces y de ASAJA-Andalucía, el Parlamento Andaluz aprobó ayer la denominada Ley del Olivar.

Parece que con la aprobación de una Ley en cuyo enunciado figure la palabra “olivar” el Ejecutivo de Griñán y en especial su consejera de Agricultura, Clara Aguilera, pretenden justificar la pésima gestión que han desarrollado a lo largo de la legislatura sobre todo lo relacionado con este sector, el más emblemático de la agricultura andaluza, que ha carecido de apoyo para emprender el necesario Plan de Reestructuración, para lograr que Bruselas diera su visto bueno a la puesta en marcha el sistema de almacenamiento privado y para encontrar alguna solución a su principal problema: el hundimiento de los precios en origen del aceite y de la aceituna de mesa y la falta de instrumentos de regulación de mercados. Ninguna de estas medidas se ha puesto en marcha y el sector sobrevive gracias a las ayudas de la PAC, que generan más del 40% de la renta de los olivareros y son las que hasta ahora han permitido que continúen con su actividad, pero que en este momento penden de un hilo y pueden verse drásticamente recortadas si en la reforma de la PAC se establece una “tasa plana”, por lo que es necesario que el Ejecutivo andaluz escuche a sus agricultores y haga valer las características propias de su agricultura ante el Gobierno de España y ante la CE.

Esta es la batalla que debe dar Griñán y su Ejecutivo por los olivareros y por todos los agricultores andaluces. En esta batalla es en la que está en juego el futuro del olivar andaluz. Si el Gobierno andaluz no logra que dentro de la nueva PAC se establezcan criterios de diferenciación en función del potencial productivo de las distintas comarcas agrarias, los olivareros andaluces perderán 625 millones de euros, entre el 75 y el 80% de las ayudas que ahora reciben.

Ninguno de estos temas se resuelve en el texto que previsiblemente aprobará hoy el Parlamento, por cuanto la denominada Ley del Olivar no deja de ser un “bla, bla, bla,” innecesario (porque nadie la había reclamado), inútil (porque no aporta nada nuevo), vacío de contenido (porque todo lo deja a la redacción posterior de un Plan Director) y carente de sentido, que tan sólo ha contribuido a “marear la perdiz” y provocar que la Administración y los agentes sociales perdamos el tiempo y dilatemos las soluciones a los problemas reales que afectan al olivar andaluz y a los agricultores y los más de 600 municipios que dependen de este cultivo, que atraviesa una grave crisis cuyas soluciones no van a venir de la mano de esta Ley.

Por otra parte, la Ley no cuenta con un presupuesto específico, por lo que entre sus posibles vías de financiación plantea la posibilidad de emplear los fondos que reciben los propios olivareros de la PAC, provocando un trasvase entre las distintas comarcas olivareras, un trasvase que desde ASAJA no vamos a consentir, puesto que la solución no está en desvestir un santo para vestir a otro. Por tanto ASAJA-Andalucía rechaza la distribución asimétrica de las ayudas que establece la Ley, dado que no se trata de reducir el apoyo público a ningún olivarero, sino de incrementarlo en aquellos casos en que sea necesario, puesto que de lo contrario deja de ser una Ley de fomento.

Tal como ha reiterado el presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, se trata de una Ley elaborada al más puro estilo del “despotismo ilustrado”, pues nadie la ha pedido, nadie la necesita y con nadie se ha consensuado, y provoca más perjuicios que beneficios a uno de los principales motores de la economía rural andaluza.