LA UNIÓ de Llauradors afirma que la propuesta de reforma de la Política Agrícola Común (PAC), que ha presentado hoy la Comisión Europea en Bruselas, es “muy nefasta” para los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana, pues recorta de media las ayudas casi un 20% hasta el año 2020, además de no resolver los problemas que padecen.

En este sentido LA UNIÓ señala que deja sin solucionar los mayores problemas que existen en el campo valenciano como el de la volatilidad de los mercados, las actuaciones ante situaciones de crisis, la preponderancia de la distribución en la cadena alimentaria o la competencia desleal de las producciones procedentes de terceros países. En este sentido, Ramón Mampel, secretario general de LA UNIÓ, señala que “una vez más la alta política comunitaria se olvida de sus administrados y no entra en el fondo de la cuestión agraria que es el de la falta de rentabilidad de las explotaciones por, entre otras causas, la posición de dominio ante la negociación de los precios de la gran distribución comercial”.

Tras la presentación de las propuestas legislativas de la “Reforma de la PAC 2013” se inicia ahora la negociación política desde la Comisión Europea, una cuestión que se prolongará probablemente durante todo el próximo año y que por primera vez entra dentro del marco de la codecisión del Parlamento Europeo. En ese periodo de tiempo LA UNIÓ cree que hay margen suficiente para mejorarlas e instará al nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de noviembre y a la Generalitat Valenciana a consensuar cambios en la misma.

La reforma que se ha dado a conocer no contempla instrumentos públicos efectivos para regular y estabilizar los mercados agrarios, principal preocupación para los productores valencianos ni tampoco garantiza los derechos de estos ni de los consumidores porque no entra en profundidad en la seguridad alimentaria. Además, no exige la reciprocidad de los productos agrarios de terceros países ni se avanza en la excepcionalidad del sector agrario en el cumplimiento de determinadas reglas de la competencia para fomentar que los productores ganen en capacidad negociadora.

LA UNIÓ se opone a la idea de una “tarifa plana o pago base” en los pagos directos, ayuda de importe único para los productores, ya que puede suponer la consolidación de una injusticia y favorecer la agricultura más absentista y menos generadora de empleo. En este sentido, Ramón Mampel afirma que “no es posible una ayuda única a todos los agricultores y ganaderos porque los costes de producción son distintos según el cultivo o ganado o la tipología de la explotación”. LA UNIÓ es partidaria en cambio de establecer un período transitorio hasta 2019 durante el que convivan los dos sistemas (pago único actual y pago básico) para evitar la pérdida radical de ingresos con los mismos costes de producción y en un mismo año de diferentes sectores.

Respecto a la propuesta de una ayuda adicional denominada “pago verde”, LA UNIÓ apuesta porque se modifique su definición ya que prevé tres medidas para cobrar un 30% adicional que son inasumibles para la agricultura valenciana como son:

1. Diversificación de cultivos. Inasumible porque prácticamente toda la agricultura valenciana, en la mayoría de zonas, es prácticamente un monocultivo (cereales, viña, cítricos, frutales, frutos secos, etc.) y no resulta rentable la diversificación de cultivos en las explotaciones de tan baja dimensión, como es el caso de la Comunitat Valenciana.

2. Áreas de referencia con prados permanentes. En la Comunitat Valenciana es imposible su cumplimiento en la agricultura de la zona del litoral y del pre litoral, y en la mayoría de los cultivos de interior.

3. Áreas ecológicas. El requisito de tener en cada explotación/parcela un 7% como mínimo de zona ecológica, aunque sería deseable, no se va a poder cumplir por las características y tipología de las explotaciones de la Comunitat Valenciana

En referencia a los dos pilares (pagos directos y desarrollo rural) que establece la nueva PAC, debe existir una flexibilidad entre los mismos y no debe suponer, tal y como aboga la Comisión Europea, pasar presupuesto del primer pilar (pagos directos) al segundo pilar (desarrollo rural). Para la Unió de Llauradors es fundamental apostar para que diversas medidas, como las agroambientales, pasen del segundo al primer pilar.