Bruselas justifica que esta multa se produce como consecuencia de las demoras en el pago de las compensaciones (que deberían haber finalizado el pasado 15 de octubre) debido a que las peticiones “no se presentaron en el plazo previsto o porque los agricultores no aportaron pruebas suficientes de las pérdidas”.

Desde UPA defienden que “no se reste un solo euro” a las compensaciones para los agricultores que, primero, fueron víctimas de “falsas acusaciones” sobre la calidad de sus productos y después han padecido la falta un mecanismo y un protocolo de actuación ágil y eficiente. “No se puede consentir que la improvisación y descoordinación de nuestras administraciones y de la UE sean pagadas, una vez más por el productor”, ha declarado Ignacio Senovilla, secretario de Agricultura de UPA.

Desde que saltó la alarma desatada por la crisis de la E. Coli el 26 de mayo hasta que se publicó el reglamento que recogía las condiciones para poder acceder a las ayudas específicas (18 de junio) transcurrieron 22 días. Hasta esa fecha, recuerdan desde UPA, los agricultores vivían en la incertidumbre sobre qué medidas iban a adoptarse finalmente y qué necesitarían para justificarlo. “Ahora se nos critica que no demostrásemos nuestras enormes pérdidas siguiendo un método que desconocíamos”, justifica Senovilla.

Desde UPA exigen que la responsabilidad y el coste final de esta situación no los termine asumiendo, una vez más, el productor, que de momento sigue sufriendo las consecuencias, primero, del desafortunado manejo de la alerta, y después de la mala gestión de la misma con mecanismos “improvisados e insuficientes”.