ASAJA de Cuenca manifiesta, una vez más, su rechazo más profundo a la lacra social que están suponiendo los incesantes robos en los municipios y explotaciones conquenses y en las del resto del país, que han llevado a los habitantes del medio rural a una situación de inseguridad y desamparo absoluto.

Por ello, la Organización exige a la clase política un firme compromiso para el endurecimiento de las penas a los responsables de los robos, a través de una urgente modificación en el Código Penal, para que “el que la haga la pague”. Así, ASAJA insta a las administraciones competentes a gestionar el importante trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la forma más eficaz para que, de este modo, se consiga llevar ante la justicia al máximo número de delincuentes y aquellos que se planteen delinquir en el medio rural se encuentren con un verdadero obstáculo para sus despreciables fines.

Otra de las medidas que ASAJA de Cuenca demanda es el control administrativo y policial de los receptores de los productos sustraídos, para lo que es muy importante que los afectados denuncien y aporten la mayor cantidad de información posible.

Así, la Organización ha contabilizado durante 2011 robos y destrozos en la gran mayoría de los municipios conquenses. Los representantes de las Juntas comarcales de ASAJA de Cuenca afirman que los actos delictivos han ido creciendo en número y diversificándose: desde robos de maquinaria y aperos a producciones agrícolas, animales, tubos de riego, aluminio, gasóleo o cable. Además, se han desvalijado casas de campo, se han destrozado sistemas de riego y, lo más despreciable, se han producido daños personales. ASAJA destaca que todo esto ha generado una situación de desesperación entre los hombres y mujeres del campo, que temen ir cada día a su lugar de trabajo, sobre todo en los municipios con menos habitantes y en los lugares más aislados.

ASAJA de Cuenca recuerda también los perjuicios que están causando todos estos robos a la maltrecha economía del campo, ya que están ahí y dificultan, aún más, la viabilidad de las explotaciones, aunque los afectados lo dejen en un segundo plano cuando lo que está en peligro es su integridad física. De hecho, afiliados de ASAJA han trasladado a la Organización que los daños de algunas explotaciones son de tal magnitud que los afectados no pueden invertir en reponerlos, viéndose forzados abandonar la actividad.

Por último, ASAJA destaca que seguirá reivindicando la seguridad en el medio rural y luchando para que sus habitantes puedan acudir a sus lugares de trabajo sin miedo e insta a la sociedad en su conjunto a exigir este derecho fundamental de las personas, ya que se trata de un serio problema que afecta a todos.