Los agricultores y ganaderos de Asaja-Cádiz han podido conocer de primera mano cómo incidirá en sus explotaciones la incorporación de los trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General de la Seguridad Social y ha sido en unas jornadas celebradas en el edificio Citea del PTA de Jerez, impartidas por el portavoz jurídico nacional de Asaja en las negociaciones de esta norma, Manuel García Matas; Matilde Sampedro Villasán, directora del CAISS de Jerez, y Rafael Ortiz Sánchez-Pobre, director de la Tesorería General de la Seguridad Social en Jerez. Los tres se han encargado de desgranar los pormenores de la nueva norma ante un nutrido grupo de profesionales del campo.
El objeto de la jornada es cumplimentar el compromiso contraído por Asaja con la Tesorería General de la Seguridad Social para que los agricultores tengan pleno conocimiento de la implantación del nuevo sistema por el que los trabajadores del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social se incorporan en el Régimen General. Ante la premura de su puesta en marcha, el 1 de enero del año 2012 entra en vigor, los profesionales del campo han mostrado un gran interés por conocer la norma.
La integración del REASS en el Régimen General, constituye un logro de la aplicación del Pacto de Toledo que, como recordarán todos, fue aprobado por los parlamentarios en el Congreso de los Diputados en el 1995. Documento que recoge una serie de recomendaciones entre las que era fundamental la simplificación e integración de los regímenes especiales con la finalidad de que queden dos grandes regímenes, el General y el RETA (Régimen de los Autónomos).
El Pacto antes nombrado, recibió un nuevo impulso tras el acuerdo de los interlocutores sociales del año 2006 en el que, entre otros, se estableció la obligatoriedad de iniciar las negociaciones entre los interlocutores sociales en el año 2008 al objeto de alcanzar, lo más rápido posible, el anhelado logro de incluir el Régimen Agrario en el General. Anhelo que venía siendo reclamado por el colectivo agrario ante la situación de desigualdad y precariedad en la que se encontraban sus trabajadores en comparación con los acogidos al Régimen General.
El acuerdo de 2006, establecía como premisas la implantación del salario real de los trabajadores agrarios como base reguladora de las distintas cotizaciones y contingencias; la no afectación a la competitividad de las empresas agrarias y un periodo transitorio de 20 años para la implantación definitiva.
Las negociaciones de los interlocutores sociales han sido arduas por la dificultad de conciliar las tres premisas anteriores y alcanzar el logro de la integración en sí. Pero la buena disposición de las partes, permitieron alcanzar el acuerdo que se trasladó a través del Gobierno central al Parlamento, órgano que lo ha refrendado sin modificación ninguna, lo que indica el acierto de los interlocutores sociales a la hora de conseguir tan difícil acuerdo.
Las dos consecuencias esenciales de la norma que se ha explicado en estas jornadas son:
– Mejora de las prestaciones de Seguridad Social que percibirán los trabajadores agrícolas al igualarse las mismas al resto de trabajadores del Régimen General.
– Incremento moderado y contenido de la aportación de los empleadores agrarios en concepto de cotización, en las distintas contingencias.
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