El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha asegurado que “Andalucía no aceptará que siga habiendo una falta de control de fronteras que permita la entrada masiva de productos marroquíes sin las exigencias sanitarias europeas”. Durante su encuentro, el sábado pasado, con representantes de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (Fepex) se ha analizado la repercusión que tendría en el sector hortofrutícola andaluz la posible ratificación de un nuevo acuerdo en materia agrícola entre la Unión Europea (UE) y Marruecos, que se votará en primera instancia en la Comisión de Comercio Internacional (INTA) el 25 de enero.

De esta reunión ha salido el compromiso del Gobierno andaluz con Fepex de crear una unidad de acción conjunta para exigir, con razones bien fundamentadas, el cumplimiento literal de lo que se acuerde con Marruecos, algo que se viene vulnerando en la práctica. “No voy a seguir aceptando que no haya control de fronteras para las frutas y las hortalizas marroquíes y que siga entrando el doble de lo pactado; ni tampoco que esos productos no guarden los requisitos alimentarios y sanitarios que exige la UE”, ha especificado el presidente andaluz, que por tanto se alinea con los objetivos de Fepex en su interés por que el nuevo acuerdo UE-Marruecos no pueda ser refrendado.

“Nuestras empresas hortofrutícolas, que son un sector estratégico, son empresas que investigan, que innovan, que aportan e introducen nuevas tecnologías, que son competitivas, y no pueden arruinarse por una competencia desleal. Ni dumping comercial ni social”, ha apostillado Griñán.

El director general de Fepex, José María Pozancos, ha incidido en la importancia capital de que no se siga maltratando a un sector que representa en España 450.000 empleos directos, al tiempo que ha reiterado el interés de que el protocolo planteado, “que es desequilibrado”, sea devuelto “antes de su votación por los eurodiputados, con independencia del signo político que tengan, para su renegociación”.

Este encuentro celebrado en Sevilla ha contado también con la presencia de la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, y de miembros de las entidades andaluzas Asociafruit, Asociación Onubenses de Productores y Exportadores de Fresa (Freshuelva) y Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal).

La Junta ha sellado así su compromiso firme de no firmar un documento de asociación que suponga, directa o indirectamente, un perjuicio para las producciones españolas y, en especial, para las andaluzas. Esta postura del Gobierno andaluz se basa en la reiterada vulneración de las cláusulas del acuerdo actualmente vigente y el grave daño provocado al sector como consecuencia de estos incumplimientos.

El sector viene denunciando el continuo incumplimiento de los precios de entrada preferenciales los productos procedentes de Marruecos -en el caso del tomate, por ejemplo, está fijado en 0,46 euros por kilo- y, en consecuencia, la necesidad de reformar un sistema regulador de los mismos que resulta ineficaz; así como la vulneración de las cantidades asignadas para cada producto, plasmada en el crecimiento de las exportaciones hortofrutícolas de Marruecos por encima de lo establecido en el acuerdo en vigor -120% y 37% más en octubre y noviembre de 2011, respectivamente-.

En cuanto a las normas europeas de calidad, las condiciones exigidas a los productos de la Unión Europea son más exigentes en materia de calidad, seguridad alimentaria y residuos fitosanitarios que las aplicables a otros que se producen en Terceros Países. Una circunstancia que, sumada a que los costes de producción en Marruecos son inferiores, coloca a los productores europeos de frutas y hortalizas en una situación de desventaja al ser víctimas de una competencia desleal.

Ante esta coyuntura, el objetivo principal de la Junta en el marco de estas negociaciones es garantizar la reciprocidad en las importaciones y el correcto funcionamiento de los mecanismos de control, ya que éstos deben asegurar el cumplimiento de contingentes, precios y calendarios contemplados en los acuerdos con terceros países.

Las exigencias de reciprocidad, garantías de calidad y seguridad alimentaria de todas las mercancías ya quedaban plasmados en dos documentos firmados en 2009 y 2010 por las cuatro Comunidades Autónomas productoras de tomate –Andalucía, Canarias, Valencia y Murcia-, cuestiones a las que se añadían también, entre otros aspectos, la petición de realizar estudios sobre el potencial productivo de los países no integrados en la UE y su impacto en la producción española.