El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 29 de noviembre el real decreto de ayudas para los afectados por los incendios forestales y otros desastres naturales ampliando el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre. Con esta medida, el Gobierno pretende compensar a las comunidades autónomas que han sufrido este tipo de siniestros en los últimos meses. Sin embargo, los criterios utilizados no facilitan la equidad a la hora de acceder a las ayudas puesto que, por un lado, se limitan a desastres ocurridos a partir del mes de junio y no desde principios de año como sería lo lógico; y por otro lado aplica unas limitaciones de dimensiones a los terrenos afectados sin tener en cuenta las particularidades de cada comunidad autónoma.
Con estas arbitrarias medidas dejan fuera a los afectados por los incendios u otros desastres naturales acaecidos con anterioridad al mes de junio, creando un claro agravio comparativo, como es el caso de los perjudicados por los incendios de Canarias, los de la sequía en Aragón, los de los municipios castellanoleoneses de Tabuyo, Castrocontrigo, Luyego, Quintana y Congosto; o los de las heladas en la Comunidad Valenciana.
En materia de incendios el real decreto establece que la superficie forestal afectada por el siniestro ha de reunir uno de los siguientes requisitos: que sea superior a 10.000 hectáreas; que sea superior a 5.000 hectáreas, de las cuales más del 70 % sea de superficie forestal arbolada; o que sea superior a 500 hectáreas que estén incluidas en lugares de la Red Natura 2000 y que afecten a municipios que aporten al menos el 50 % de su término municipal a dicha Red. En el caso de territorio insular, las superficies exigidas serán las siguientes: 2.500 hectáreas para el primer supuesto; 500 hectáreas para el segundo; y 250 hectáreas para el tercero.
Como ejemplo, estas medidas excluyen claramente a la isla de la Gomera y a otros municipios canarios afectados por los incendios de este verano por criterios puramente arbitrarios. Muchos de los municipios no aportan el 50 % de su superficie a la Red Natura ni llegan al mínimo de hectáreas exigido puesto que en el momento de la redacción de estas medidas el Ministerio de Agricultura no tuvo en cuenta ni la especifidad ni la insularidad de las localidades canarias afectadas, ubicadas en un territorio aislado y fragmentado. Todo ello pese a que Canarias es una de comunidades que más superficie aporta a la Red Natura 2000 pero, sin embargo, la distribución y el tamaño de los municipios de las islas Tenerife, La Palma y La Gomera, no les permite acogerse al decreto.
Queda manifiesto lo injusto y arbitrario de estas medidas aprobadas por el Gobierno del PP, que impedirán recomponer las economías sociales y familiares de las poblaciones que por la aplicación de estos criterios erráticos no puedan acogerse a las ayudas, sembrando con ello la desigualdad territorial. Con este decreto el Gobierno discrimina territorios y establece diferencias entre los ciudadanos afectados que puedan acceder a las ayudas y los que no.
Desde la Secretaría del Sector Forestal de FITAG UGT hacemos un llamamiento a la Administración para que utilice los instrumentos legales necesarios para modificar estas medidas y hacer más equitativo el acceso a las ayudas, atendiendo a la realidad de cada una de las comunidades autónomas. Exigimos además la ampliación de su ámbito de aplicación temporal a principios del año 2012 para acabar con los agravios comparativos e igualar ante la ley a todos los afectados por los incendios y las catástrofes naturales.
Abogamos además por la ampliación de las partidas económicas destinadas a estas ayudas, puesto que las aprobadas son claramente insuficientes. Asimismo emplazamos a las Administraciones a que prioricen con urgencia la limpieza de los bosques quemados para evitar desastres mayores, como riadas provocadas por torrentes de agua al estar el suelo afectado muy erosionado y con poca capacidad de absorción, plagas, etc.
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