Esta semana, en la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE se debatió la situación de la normativa de bienestar de los cerdos y se presentaron los datos de cumplimiento de cada país. Según dichos datos, solo en 10 países de los 27, el 100% de las explotaciones cumplen la normativa.

Los países cumplidores son Bulgaria, Letonia, Lituania, Estonia, Rumania, Eslovaquia, Austria, Reino Unido, Suecia y Luxemburgo. Una gran mayoría de estos 10 son nuevos estado miembro, debido a que cuando existían granjas del Estado, éstas ya se hicieron con alojamiento en grupo de las cerdas, según la sectorial de porcino del Reino Unido.

Dentro de los países que son grandes productores, los mayores incumplimientos se producen en Alemania, con solo el 73% de las explotaciones adaptadas, en Francia (con un 72%) y en Irlanda con un 82%. En España que es el segundo productor de cerdos tras Alemania, el grado de cumplimiento es de un 96%.

Algunos países como Dinamarca, Holanda y Finlandia que durante los meses previos a la entrada en vigor de la directiva de bienestar defendían que cumplirían en plazo, no lo han hecho. Mientras que en Dinamarca solo cumple el 94% de las explotaciones, en Holanda y Finlandia lo hace el 98%.

Portugal y Chipre son los países en los que las explotaciones están menos adaptadas, con tan solo el 58% de las explotaciones en Portugal y el 62% en Chipre.

Italia, Hungría y República Checa se han quedado a las puertas del cumplimento con un 99% de sus explotaciones adaptadas.

En el resto de los países, el cumplimiento ha sido de 95% de las explotaciones en Eslovenia, 93% en Polonia, 90% en Malta, 89% en Bélgica y 82% en Grecia.

El Comisario de Sanidad y Seguridad del Consumidor ha indicado que se seguirá el procedimiento habitual con los países incumplidores (el mismo que se aplicó el pasado año con la directiva de bienestar de las gallinas ponedoras). Inicialmente se remitirá un requerimiento. Los países contará con dos meses para contestar al mismo. Si no responden de manera satisfactoria, la Comisión les enviará un «dictamen motivado» en el que se les instará a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva en un plazo de dos meses. Este sería el último paso del procedimiento antes de recurrir al Tribunal de Justicia de la UE.