La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) celebrará esta semana una ronda de encuentros con representantes de los grupos políticos para trasladarles propuestas de enmiendas al Proyecto de Ley de mejora de la cadena alimentaria. Tras varios años demandando una legislación que les proteja del desequilibrio que se ha impuesto en la cadena agroalimentaria, los productores se muestran esperanzados de que esta normativa “corrija una situación injusta” y les salve “de la desaparición”.
Técnicos y responsables de la organización agraria UPA, encabezados por su secretario general, Lorenzo Ramos, y junto con otras organizaciones profesionales agrarias, cooperativas e industrias, mantendrán esta semana encuentros con diputados y senadores de PP, PSOE, CiU y PNV. Los agricultores pretenden trasladar propuestas concretas de enmiendas a los grupos políticos que debatirán y aprobarán la Ley de la cadena alimentaria.
“Llevamos varios años colaborando con fuerzas políticas de todo signo hasta alcanzar una ley que nos proteja, ahora estamos en un momento clave, pues se acerca el debate parlamentario de la norma”, ha explicado Lorenzo Ramos. El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, presentó el texto de Proyecto de Ley en el Consejo de Ministros del pasado 8 de febrero.
Propuestas concretas de enmiendas
UPA ha valorado positivamente el Proyecto de Ley, aunque considera que ciertos aspectos son mejorables y “marcarán la diferencia entre una normativa que únicamente quede bien sobre el papel o una Ley que reequilibre el sistema agroalimentario en España, beneficiando a todos los eslabones de la cadena”. En este sentido, UPA propone que los grupos parlamentarios enmienden el Proyecto de Ley en los siguientes aspectos:
Venta a pérdidas: UPA considera que la denominada venta a pérdidas debe considerarse una práctica comercial abusiva prohibida. Las empresas de distribución venden determinados productos por debajo de coste, registrando pérdidas, que compensan con el efecto reclamo que ejercen dichas ofertas. Estas prácticas destruyen valor a lo largo de toda la cadena, hundiendo finalmente las cotizaciones en origen y destruyendo explotaciones. La leche, el aceite de oliva y la carne de conejo son los principales ejemplos de estas prácticas.
Incumplimiento de los plazos de pago: los agricultores y ganaderos exigen que se considere como práctica comercial abusiva el incumplimiento de la Ley 15/2010 de Morosidad. De esta manera se aplicarían sanciones para aquellos que no cumpliesen con sus pagos. UPA también ha pedido al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que se comprometa a desarrollar el listado de productos perecederos. En estos momentos, la leche cruda no se considera un producto perecedero, pudiendo pagarse a dos meses vista.
Régimen sancionador: la organización UPA ha manifestado su temor por que el régimen de sanciones no se adecúe al beneficio obtenido por las mismas. Los agricultores pedirán a los grupos parlamentarios que las multas para los que incumplan sean lo suficientemente disuasorias para que la Ley sea efectiva.
Sistema de arbitraje en caso de conflicto: la Ley de la cadena establecerá como obligatorios los contratos por escrito entre proveedores y compradores, aunque el desequilibrio existente actualmente entre las partes podría, a juicio de UPA, generar algunos conflictos. Para resolverlos, la organización propone que la Ley establezca un sistema de mediación y arbitraje, que sería ejercido por el Observatorio de la Cadena Alimentaria y la Agencia de Información y Control Alimentarios
Precios que cubran costes de producción: los contratos obligatorios por escrito incluirán información como los plazos de pago, las cantidades, volúmenes, etc. pero también deberían recoger un sistema de retribución que esté ligado a indicadores de precios en base a los costes de producción, acordados libremente en el seno de las organizaciones interprofesionales.
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