La delegación española del Grupo Popular Europeo ha pedido evidencias científicas sólidas para cualquier medida destinada a restringir las ventas de tabaco en la Unión Europea en el marco de la nueva Directiva que están negociando las instituciones europeas para regular la fabricación, la presentación y la venta de ese producto.
«La salud del consumidor debe ser la prioridad principal de la Directiva, pero en lugar de introducir prohibiciones que podrían tener efectos colaterales indeseados, los esfuerzos deberían estar orientados principalmente al establecimiento de campañas de educación y de información a los menores principalmente, medida que no ha sido abordada en la propuesta del Ejecutivo comunitario», afirmó la eurodiputada riojana Esther Herranz.
«La propuesta de la Comisión Europea contiene prohibiciones cuyo impacto en el consumidor plantea serias dudas al mismo tiempo que podría ocasionar importantes perjuicios económicos para el sector primario y de la industria tabaquera, que dan trabajo a 56.000 personas en nuestro país», añadió.
Según la eurodiputada, las restricciones que quiere introducir el Ejecutivo comunitario, como las retirada de los cigarrillos mentolados, podrían no tener ningún impacto en el consumidor, dando lugar a un incremento del comercio ilícito, todavía más dañino para la salud de los ciudadanos europeos.
Esther Herranz ha destacado que, aunque la directiva no afecta directamente al cultivo de tabaco, los efectos indirectos de las medidas que contiene podrían conllevar nuevos ajustes drásticos en el tejido productor español, debido a las implicaciones que podría tener principalmente para los productores, que se concentran en estructuras familiares y en explotaciones poco mecanizadas.
En este sentido, la eurodiputada ha llamado la atención sobre el hecho de que el Ejecutivo comunitario se atribuya la posibilidad de incorporar por actos delegados novedades en varios ámbitos de la Directiva, incluidos los ingredientes y aditivos autorizados, lo cual genera incertidumbre sobre ingredientes como el azúcar, cuya prohibición incidiría directamente en el cultivo del tabaco burley. Por tanto, ha considerado que “es arriesgado dejar únicamente en manos de la Comisión la capacidad para introducir ese tipo de modificaciones, cuando el Ejecutivo comunitario no está aportando elementos científicos sólidos en su propuesta”.
La delegación popular ha advertido también de que la eventual desaparición de la producción tabaquera europea como resultado de las medidas emprendidas por la Unión Europea no sería una garantía para reducir el consumo. Según los datos existentes, la UE apenas produce el 4% del tabaco mundial e importa más del 70 por ciento del tabaco que consume. Sin embargo, la desaparición de las miles de hectáreas (90.500 en toda la UE) que se dedican a este cultivo podría crear serios problemas socioeconómicos en zonas como Extremadura, en la que al menos el 25 por ciento de su producción final agraria procede del cultivo del tabaco.
A juicio de Esther Herranz, no está claro que la propuesta de directiva, tal y como está planteada actualmente, beneficie al consumidor europeo, ya que propiciaría un aumento de los productos de contrabando, cuya calidad en muchas ocasiones es preocupante.
Italia es el primer productor comunitario, seguido de Polonia, España y Bulgaria, los tres países con un nivel de producción muy similar. Grecia se sitúa inmediatamente después. Esos cinco países son los principales productores, pero la directiva también afecta a países como Francia, Hungría, Alemania, Portugal y Rumania.
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