El Gobierno aprobó el pasado vienes una reforma traumática del sistema eléctrico español que defenestra a 55.000 familias productoras de energía solar fotovoltaica -miles de ellas murcianas- que, atendiendo un llamamiento del Estado, invirtieron todos sus ahorros en la producción de energía renovable fotovoltaica y ahora contemplan como las promesa de retorno de inversión del propio Estado se han convertido en una grave amenaza para sus economías familiares. Por esta razón las miles de familias murcianas que invirtieron en estas energías pedimos el apoyo urgente del presidente Valcárcel ante esta requisa efectuada por los gobernantes de España.

Los actuales gobernantes modifican, por quinta vez en tres años y de manera retroactiva, el sistema de retribución, que fue diseñado y ofrecido por el propio Estado hace tan sólo cinco años, y en base al cual se hipotecaron miles de españoles, muchos de ellos agricultores y ganaderos, a los que ahora se les ofrece una ficticia “rentabilidad razonable” que no es más que un artificio inconcreto e intangible que no podrá dar respuesta a las innumerables problemáticas existentes en el sector, donde conviven miles de modelos de inversión y financiación que se produjeron en función del perfil y la disponibilidad de cada ciudadano; pero que, en la mayoría de los casos y siguiendo el consejo del propio Ministerio de Industria, los agricultores y ganaderos, a modo de Plan de Pensiones, decidieron financiar el 80% de los proyectos aportando garantías personales, que en la mayor parte de los casos fueron las propias viviendas familiares y ahora ven cómo la ruina inminente pende sobre sus cabezas y la de sus familiares.

Por lo medios de comunicación nos enteramos que, lo que se persigue en esta auténtica requisa perpetrada, a modo de confiscación, por el Gobierno de la nación española, es anular todas las subvenciones hasta ahora existentes para promover la energía fotovoltaica, y sustituirla por un nuevo “incentivo” que representaría un 7,5% de la inversión, cuando en la realidad, los préstamos contraídos para financiar la misma oscila entre el 5,5% y el 8,5%, lo que sumado a los gastos mensuales de gestión de los Huertos Solares, supera con creces ese supuesto “pago de la incautación” del 7,5% de Tasa de Requisa aprobada por el Gobierno.

Desde COAG Murcia y FECOAM no salimos de nuestro asombre cuando es por los medios de comunicación qué nos enteramos de estos asuntos que tanto afectan a ciudadanos de nuestra Región y no, como sería de desear, por la comparecencia de nuestros gobernantes más cercanos.

El Gobierno no actúa sobre las verdaderas causas del déficit estructural de tarifa, que se encuentra, tal y como manifestó la Comisión Europea el pasado año cuando analizó nuestro sistema eléctrico, en la sobre retribución que perciben las grandes eléctricas por los megavatios producidos por medio de tecnología nuclear e hidroeléctrica, que suponen el 30 % del consumo.

Lo que sí es cierto es que el Estado -sus gobernantes- ha traicionado a su propio pueblo, a sus ciudadanos y a sus empresarios. Embarcó a miles de españoles en unas inversiones responsables y éticas para, a los pocos años, arrebatarles sus retornos y dejar las garantías que ofrecieron en manos de los bancos con el pretexto mentiroso de atajar el déficit de tarifa, cuando se da la circunstancia de que el artífice de esta reforma, el Secretario de Estado Alberto Nadal, había realizado un diagnóstico certero de los males que padece el sistema pero, por lo que se desprenden de la comparecencia del Ministro Soria, no parece dispuesto a aplicar las medidas idóneas, puesto que si no se parte de una auditoria de los costes del propio sistema nunca se podrá actuar sobre cada una de sus deficiencias en la justa medida.

FECOAM y COAG Murcia exigen de manera inmediata que el presidente, Ramón Luis Valcárcel, y el delegado del gobierno, Joaquín Bascuñana, tomen con energía las rienda de este grave asunto y se pongan a la cabeza de los agricultores y ganaderos murcianos y del resto de inversores en la defensa de sus interesen, en contra de los abusos que pretende el ministro Soria y, no sabemos aún a ciencia cierta, si el propio Gobierno de España.

De no ser así, en defensa de los intereses de agricultores y ganaderos y de su propia DIGNIDAD no descartamos las acciones contundentes que creamos oportunas y que se conocerán muy pronto.