El modelo acordado comete un agravio con los productores de frutas y hortalizas y con muchos viticultores y olivareros, entre otros que no cobrarán ayudas pudiendo hacerlo, o verán reducidas las mismas.
Unión de Uniones denuncia que el principio de acuerdo adoptado, ayer en Madrid, en Conferencia Sectorial, sobre el modelo de aplicación de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) en España, no tratará a los agricultores y ganaderos por igual, y va en la dirección opuesta al modelo propuesto por la Unión Europea.
La reforma europea persigue una convergencia progresiva con respecto a la cantidad de ayuda percibida por los productores en función de un criterio establecido por tipologías de la zona y no por el tipo de producción, como hasta ahora.
El modelo de aplicación que se pretende, tras el acuerdo inicial de ayer en el Ministerio, en cambio desvirtúa la intencionalidad de la reforma europea, ya que no resuelve, sino que perpetúa y agrava la discriminación de un profesional agrario que nunca haya tenido derechos de ayuda históricos en su sector, o el valor de sus derechos sea bajo; aunque un productor se encuentre en la misma tipología de zona (sistema nuevo) que otro con derechos históricos de ayuda (el sistema anterior por sectores), no tenderán a converger en la cantidad de ayuda.
Esto, afectará en todo el estado a un 30% del sector de la viña, a dos tercios de la fruta dulce, hortalizas y flor y planta ornamental, así como los productores que exclusivamente son del sector equino. Además, el modelo elegido afectará más significativamente al sector del olivar de determinadas zonas productivas y donde este cultivo no es el hegemónico, como ocurre en amplias zonas de Aragón Castilla la Mancha, comunidad Valenciana y Cataluña.
La organización también denuncia que este modelo de aplicación conlleva congelar lo más posible el modelo histórico de la PAC hasta el año 2020, ya que se basa en las 316 comarcas agrarias estatales, agrupadas sobre cuatro tipologías (tierras de cultivo de secano, tierras de cultivo de regadío, cultivos permanentes y pastos) en base a su promedio de ayudas cobradas en 2011.
Esto generará que cada productor pueda disponer, en función de los municipios donde radiquen las tierras de su explotación, de más de cuatro tipos de derechos, ya sea por cada una de las tipologías o por ser de comarcas agrarias de media distinta, los cuales no podrán ser ejercidos en una región agroeconómica diferente a la que los originó.
Todo ello, por un lado, originará una mayor carga burocrática tanto a la Administración gestora, como a los propios perceptores y, por otra parte, una mayor traba al libre desarrollo de las explotaciones agrarias.
La organización también quiere advertir que la Conferencia Sectorial ha dejado abierto como se usará el mecanismo de ayudas asociadas a la producción, lo que no permite valorar si la agricultura de varias regiones verá disminuido el apoyo actual de la PAC en ayudas directas, por lo tanto, el acuerdo no da garantías reales de que el modelo final de aplicación conlleve un trato bastante equitativo a los sectores que pueden salir más afectados (vacuno de carne, ovino y caprino y vacuno de leche con poca tierra, arroz y olivo de buen rendimiento, hortalizas para industria y remolacha).
La organización tampoco comparte el que “se cierre de antemano” la posibilidad de pasar recursos del segundo pilar al primero, para con ellos evitar discriminaciones entre sectores y agricultores así como para reforzar determinadas políticas que siendo necesarias, con la reducción o el recorte de recursos presupuestarios del estado, se están viendo seriamente amenazadas -aunque oficialmente aún no se reconozca- como las políticas de apoyo a los seguros agrarios, entre otras.
Unión de uniones ha pedido al Ministro una reunión para hacerle llegar estas inquietudes poniendo de manifiesto que “estamos a tiempo de corregir una buena parte de estos desequilibrios” de aquí a final de año.
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