Después del acuerdo político de la Reforma de la PAC, alcanzado en Bruselas a finales de junio, era el turno de encontrar la fórmula de aplicar esta nueva PAC en España, una tarea que correspondía al ministro Arias Cañete y a los Consejeros de las Comunidades Autónomas y que han plasmado con un acuerdo de aplicación de la Reforma de la PAC en la Conferencia Sectorial celebrada esta semana en Madrid, en la que el ministro ha valorado positivamente el clima de acuerdo, concordia y colaboración que han tenido todos los consejeros autonómicos.

A finales de junio se adoptó a nivel de la UE un acuerdo sobre la Reforma de la PAC sobre el que, posteriormente, cada Estado miembro debería regular internamente la forma de aplicar en su territorio dicha reforma. En España, la tarea correspondía al ministro Arias Cañete y a los Consejeros de las Comunidades Autónomas, que durante esta semana han negociado en la Conferencia Sectorial celebrada en Madrid, llegado a un acuerdo de aplicación de la Reforma de la PAC.

Tras dos días de reuniones en el marco de esta Conferencia Sectorial, tanto el Ministro Arias Cañete como el Consejero Andaluz Planas, han mostrado su satisfacción al haber acordado por una amplia mayoría establecer un modelo uniforme de aplicación de la PAC en todo el territorio nacional con el que se evita un trasvase masivo de fondos entre territorios, agricultores y ganaderos y sectores.

Los principales puntos del acuerdo alcanzado, que a partir de septiembre tiene que desarrollar un grupo técnico de alto nivel permanente son:

• Aplicar el régimen de pago básico con el modelo de regionalización que propondrá el Ministerio que parte de la distribución de los importes de esta nueva ayuda por comarcas agrarias teniendo en cuenta los importes percibidos y la intensidad de ayuda, considerando cuatro tipos de superficie en cada comarca: tierras de cultivo de secano, cultivos de regadío, cultivos permanentes y pastos.

• Se ha acordado que no haya trasvases de fondos entre los dos pilares de la PAC, limitar la superficie con derecho a ayuda para garantizar que tenemos el número de hectáreas razonable con derecho a ayuda, y se ha aumentado de 100 a 300 euros el umbral mínimo para poder recibir ayudas directas a partir de 2015.

• Se ha establecido un régimen de pequeños agricultores para todos los perceptores que reciben menos de 1.250 euros, que no estarán sujetos a la convergencia interna, y también que el umbral máximo para la percepción de ayudas sea de 300.000 euros, pudiendo deducirse los costes laborales del beneficiario y sin tener en cuenta el importe de la ayuda procedente del pago verde o greening.

• Otra de las medidas que Asaja ha venido reclamando, y que también se han acordado ha sido la NO aplicación de un pago adicional a las primeras hectáreas que suponía una nueva modulación encubierta.

• Otro de los acuerdos alcanzado Tampoco han considerado que los productores y superficies de viñedo, frutas y hortalizas, que hasta ahora no percibían ayudas de la PAC, se incorporen al nuevo modelo de ayudas.

• Además se van a establecer mecanismos para asignar derechos sobre superficies de pastos únicamente a ganaderos que sean titulares de una explotación ganadera en un año que se determine entre 2011 y 2013, en coherencia con el año que se tome para la limitación de la superficie.

• En referencia a los Pagos Acoplados la Conferencia Sectorial considera que deberá utilizarse el porcentaje máximo del 15%, y que los sectores ganaderos, en particular, deberán tener una consideración prioritaria dentro de estos pagos.

• Fuera ya de los Pagos Directos, se impulsará la aprobación de la normativa nacional relativa al reconocimiento de organizaciones de productores en todos los sectores agrarios, a los agricultores y productores que se agrupen y cumplan con los requisitos que se establezcan.

• Por último se han acordado importantes medidas en Desarrollo Rural, en especial la creación de un programa nacional, en coexistencia con los planes de desarrollo rural autonómicos, respetando el importe que tenían las comunidades autónomas para los programas de desarrollo rural, que servirá para armonizar las condiciones de aplicación de determinadas medidas y flexibilizar la transferencia de fondos entre programas nacionales y autonómicos, con el objetivo de evitar la pérdida de fondos comunitarios.