El Gobierno catalán ha acordado solicitar al Consejo de Garantías Estatutarias el preceptivo dictamen previo a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley estatal de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria.

Concretamente, el Gobierno considera que la ley, en su disposición adicional primera, vulnera las competencias de la Generalidad de Cataluña en materia de agricultura, ganadería y pesca y de promoción y defensa de la competencia.

La ley estatal tiene como finalidad resolver las situaciones de falta de transparencia en la formación de los precios, así como las prácticas comerciales potencialmente desleales y contrarias a la competencia generadas por las asimetrías entre los diferentes agentes que operan en el sector alimentario.
Para ello, la ley crea la Agencia de Información y Control Alimentarios como organismo autónomo al que atribuye no sólo funciones de información y control de los mercados oleícolas y lácteos, sino también el control del cumplimiento de las medidas previstas por la misma ley.

Así, en la nueva ley hay ciertas prescripciones que podrían afectar a las competencias de la Generalidad ya que, entre otras consideraciones, en atribuir a la Agencia funciones de control referidas a toma de muestras, comprobación de denuncias, instrucción y propuesta de resolución de expedientes sancionadores por incumplimientos de las obligaciones previstas en la ley, está asignando a un órgano estatal funciones ejecutivas que inciden en las competencias que en los ámbitos de agricultura y de defensa de la competencia atribuye a la Generalidad el Estatuto de autonomía de Cataluña.

Esta posible vulneración se pone de relieve cuando atribuye a la Agencia funciones de control sobre los productos de la cadena alimentaria y su trazabilidad, a pesar de que son funciones de la Generalidad.

El Estado también podría incurrir en vulneración de competencias en atribuir a esta misma Agencia las funciones de instrucción de oficio de expedientes sancionadores