Ayer se mantuvieron dos reuniones en la sede del INAGA con las asociaciones de productores de porcino de Aragón así como con los sindicatos agrarios ASAJA, UPA, ARAGA y UAGA. El objetivo, informar al sector sobre el proceso de actualización de las autorizaciones ambientales integradas a las instalaciones ganaderas en Aragón, que va a llevar a cabo el INAGA.

La directora de este organismo, Nuria Gayán, ha subrayado que “a través de estos encuentros vamos a poner en común las novedades que va a haber a partir de ahora en esta autorización ambiental integrada de forma que el sector las conozca”.

En primer lugar, y en aplicación de la nueva de la Ley 5/2013 de 11 de junio de 2013, como medida de simplificación administrativa, ha quedado suprimida la obligación de solicitar la renovación de la Autorización Ambiental Integrada por caducar su plazo de vigencia, que era de ocho años. Gayán también ha matizado que en lugar de tramitar la renovación por caducidad, que incluía el pago de una tasa de 613 euros, se va a realizar una actualización de oficio y gratuita de las autorizaciones ambientales integradas a explotaciones ganaderas. Además, este nuevo procedimiento también supone una medida de simplificación normativa.

Así, antes del próximo 7 de enero de 2014 como fecha máxima, deben actualizarse un total de 688 autorizaciones ambientales integradas de instalaciones ganaderas de Aragón. Este proceso también va acompañado de una revisión de autorizaciones que deben considerarse caducadas por no haberse construido la explotación (se han detectado 28 casos), o darse de baja por tratarse de granjas que han quedado eximidas de la obligación de contar con autorización ambiental integrada (en esta situación hay 29 explotaciones).

La actualización de estas autorizaciones introduce algunas nuevas condiciones que vienen obligadas por la Directiva europea de Emisiones Industriales y la Ley 5/2013, en concreto son condiciones sobre los aspectos siguientes:

1.- Sobre el funcionamiento de la explotación en situaciones distintas a las normales. Identificación de Incidentes o accidentes y comunicación al órgano competente.

2.- Se citan de una forma expresa las consecuencias del incumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada, que podrán dar lugar a un expediente sancionador.

3.- Se actualizan y detallan las obligaciones relativas a los residuos producidos.

4.- En caso de cese de la actividad, se señalan las medidas para evitar un impacto negativo en el medio ambiente.

En los próximos días se comenzará a remitir por correo a los empresarios titulares de granjas, dentro del trámite de audiencia, el texto con estas nuevas condiciones, para que puedan presentar sus alegaciones, antes de proceder a la actualización de su autorización. Cuando todo el proceso haya finalizado, se publicará en el Boletín Oficial de Aragón la relación de autorizaciones ambientales integradas actualizadas y las nuevas condiciones ambientales.

La directora del INAGA ha destacado como ventajas para los empresarios del sector el hecho de suprimir la caducidad de estas autorizaciones y la obligación de renovarlas, de manera que pasan a tener carácter indefinido. Solamente se revisarán estas autorizaciones en un futuro, en caso de que desde la Unión Europea se aprueben nuevos requisitos tecnológicos aplicables al sector ganadero. También señala que las nuevas condiciones ambientales que se añaden para cumplir con la nueva normativa europea, no conllevan para los empresarios ganaderos la obligación de realizar nuevas inversiones ni en obras ni en equipos.

Como contrapartida, el esfuerzo que supone para la administración ambiental realizar esta actualización masiva de 688 autorizaciones ambientales integradas a lo largo de los próximos 2 meses, sin coste alguno para los usuarios.

Estas reuniones forman parte de la línea de trabajo de los Círculos de Mejora del INAGA, que son una herramienta importante de colaboración y participación de los distintos grupos de interés en la actividad del Instituto, en la línea de acercamiento a las empresas y a los usuarios solicitantes, en especial a las PYMES, para atender a las problemáticas específicas de cada sector para dar cumplimiento a la legislación medioambiental.