La megacooperativa láctea neocelandesa Fonterra se ha declarado culpable de los cuatro cargos de que ha sido acusada por el Ministerio de Industrias Primarias en relación con deficiencias en el cumplimiento de la Ley neocelandesa de Productos Animales.

El caso se inició el verano pasado, cuando Fonterra llevó a cabo, como medida de precaució, la retirada de un concentrado de suero lácteo bajo la sospecha de que pudiera estar contaminado con las bacterias del botulismo. Dicho concentrado se utiliza en las fórmulas de leches infantiles.

La mayor parte del concentrado se había exportado por lo que la retirada se aplicó en numerosos países asiático. Se generó un gran escándalo que provocó que un directivo de Fonterra dimitiera de forma inmediata y que otros dos fueran cesados.

Posteriormente se comprobó que el lote retirado, WPC80 no suponía ningún riesgo para la salud. No obstante, el Ministerio neocelandés de Industrias Primarias inició una investigación para ver si Fonterra cumplía la normativa vigente sobre calidad y seguridad alimentaria, detectando una serie de incumplimientos sobre los que se basan los cargos de los que Fonterra se ha declarado culpable.