ASAJA Córdoba recuerda que los agricultores con tractores de cabinas no homologadas llevan cinco años de sufrimiento

Como viene denunciando ASAJA, el cambio de interpretación de la normativa sobre tractores en 2009 y su diferente lectura por unas Comunidades Autónomas y otras, ha supuesto para los agricultores cordobeses y andaluces un nuevo hándicap a la hora de llevar a cabo el normal desarrollo de su actividad, condenándolos a tener que desmontar y montar sus cabinas cada vez que van a superar este trámite. La medida parece más recaudatoria que preventiva, puesto que Castilla La Mancha, Valencia y, más recientemente, Castilla-León han solucionado el problema a sus administrados, calificando la falta como leve y así podían pasar la ITV.

Hasta 2009, aquellos vehículos que tenían una cabina no homologada y una estructura de protección (barra o arco antivuelco) que sí lo estaba, pasaban la inspección y podían circular, al cumplirse el requisito de tener «al menos una estructura homologada».

A partir de ese momento, se exige que sólo tengan una estructura homologada, considerándose falta grave el no cumplir este requisito. Es decir si tiene antivuelco homologado pero la cabina no esta homologada, el agricultor tiene que quitar la cabina, situación absurda que en otras CCAA ya han solucionado. En un primer momento, una serie de tractores, cuyas estructuras tenían colocada la cabina «literalmente sobre el antivuelco», al ser éstos de cuatro o seis patas (también denominadas marco techo), pudieron regularizarse de acuerdo con la nueva normativa, previo paso por gabinetes de ingeniería, con el coste consiguiente. Sin embargo, miles de tractores siguieron en la alegalidad, pues la mayoría tenían la estructura antivuelco de dos barras situada tras la cabina y exterior a la misma, y la única solución posible para ellos pasaba por desmontar la cabina y circular exclusivamente con la barra antivuelco.

Castilla La Mancha solucionó el problema en 2010, calificando la falta como leve y así podían pasar la ITV. Valencia en 2012 y ahora Castilla León, pero aunque ASAJA Córdoba solicitó varias ocasiones que se considerara la experiencia de estas Comunidades Autónomas, lo cierto es que ninguna de ellas se tuvo en cuenta, de forma que los agricultores andaluces se encuentran en una situación más desfavorecida que los de otras Comunidades Autónomas en las que sí es posible pasar la ITV en las mismas circunstancias. Por ello, la patronal agraria cordobesa solicita a la administración andaluza que, al igual que Castilla La Mancha, Valencia y Castilla León, este hecho se considere como falta leve en vez de grave, pudiendo continuar el tractor con su trabajo habitual y cumpliendo a la vez la normativa de prevención de riesgos laborales que sólo exige una estructura homologada.

Asaja Córdoba valora ya el paso por las ITVs manchegas del parque de tractores afectados, pues el deseo de la patronal y de sus asociados es circular legalmente, más parece que la única posibilidad va a ser aumentar el gasto, desplazarse a otra Comunidad Autónoma y dejar de pagar en la que corresponde.