Productores de cítricos de LA UNIÓ de Llauradors; procedentes de las diversas zonas citrícolas de Castellón, Valencia y Alicante, han realizado hoy en Valencia un acto de protesta simbólico para denunciar la situación en la que se encuentran marcada por una falta de rentabilidad alarmante que conduce al abandono de cada vez más campos.

Los agricultores de LA UNIÓ han repartido alrededor de 700 kilogramos de naranjas a los ciudadanos pues “para dejarlos en el campo sin recoger, vale la pena que las disfruten los consumidores y se enteren de cómo estamos”. En este sentido han explicado que la media por ejemplo que se paga la naranja en campo no pasa de 0,14 euros/kg mientras los consumidores pagan una media de 0,96 euros/kg en los supermercados, lo que supone que el precio se multiplica por siete entre el origen y el destino.

Las pérdidas durante esta campaña ascienden a una cantidad superior a los 260 millones de euros debidas fundamentalmente a los problemas de clareta, rajado o pequeños calibres que han provocado dificultades comerciales, entre otras circunstancias. Por si no fuera suficiente todo lo anterior la Generalitat adeuda en estos momentos unos 50 millones de euros a los citricultores en concepto de ayudas a la producción integrada y reconversión varietal. Por otro lado la reforma de la PAC puede dejar fuera a más de 33.000 perceptores de ayudas de la Comunitat Valenciana ante el listón exigido de 300 € para tener derecho a la subvención y con el agravante de que la mayor parte de los mismos serán citricultores debido al minifundismo existente en este cultivo.

LA UNIÓ considera que la importante crisis económica en la que viven inmersos los productores de cítricos desde hace años requiere la actuación inmediata de todas las Administraciones implicadas (Generalitat, Gobierno central y también la Comisión Europea).

Algunas de las medidas que reclaman pasan por establecer una política comercial y contractual sostenible que garantice precios justos y dignos a través de la implantación de un precio mínimo de referencia, la obligatoriedad de un contrato homologado de compraventa de cítricos, el establecimiento de unas tarifas eléctricas de riego adaptadas a la realidad del sector, el incremento de inspecciones en los puntos de venta o centrales hortofrutícolas y sanciones ejemplarizantes, una mayor rigurosidad por parte de la política de competencia europea en supervisar prácticas comerciales desleales y un control riguroso de las importaciones procedentes de terceros países con objeto de evitar la entrada de plagas.