La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera lamentable la suspensión de la ayuda comunitaria de emergencia de 125 millones de euros para financiar parte de la retirada del mercado de frutas perecederas afectadas por el veto ruso, por dudar, en palabras de la Comisión Europea, de las cifras enviadas por Polonia. “Es un nuevo capítulo en la chapucera y cicatera gestión de la UE en torno a la crisis agraria provocada por el veto de Rusia”, ha subrayado Miguel Blanco, Secretario General de COAG.
Esta decisión supone un mazazo para los productores de frutas y hortalizas españoles, ya que paraliza la retirada de producto y supone caldo cultivo para la especulación y el mayor hundimiento de los precios. Peras, manzanas y ciruelas han experimentado una caída de los precios entre el 40-50% respecto a la pasada campaña, situándose por debajo de los costes de producción.
Asimismo, COAG tacha de inaceptable que determinados países, (fundamentalmente Polonia) y operadores comerciales europeos aprovechen el veto ruso para maniobrar con el sistema establecido de forma indebida. Es necesario investigar las cifras presentadas de forma exhaustiva y depurar responsabilidades. “Es injusto que se paralice el sistema por completo por las supuestas negligencias en determinados Estados”, ha puntualizado Blanco.
COAG estará vigilante para que la Comisión Europea no aproveche esta circunstancia para paralizar y precarizar aún más el reglamento comunitario afectado, que de por sí ya había sido calificado por el sector agrario español como “claramente insuficiente” para afrontar las pérdidas derivadas por el cierre del mercado ruso. En ese sentido, desde esta organización se reclama a la Comisión Europea y al Ministerio de Agricultura que introduzca mejoras en la nueva reglamentación, ampliando presupuesto y lista de productos acogidos a las medidas de retirada (cítricos, patata, calabacín, berenjena) y elevando la cobertura al 100% de indemnización para todos los agricultores afectados sin ningún tipo de discriminación. Exigimos la máxima urgencia en la aprobación del nuevo reglamento, que no puede dilatarse más allá de la reunión del Comité de Gestión de la UE del próximo martes 16 de septiembre.
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