Los viticultores españoles han manifestado su preocupación ante la nueva vendimia, generalizada ya en casi todo el país. Los agricultores afrontan una campaña con menos producción que el año pasado -por debajo de los 42 millones de hectolitros- y con los precios de la uva más bajos de los últimos 25 años. La organización agraria UPA advierte de consecuencias muy negativas para el empleo y para la economía de las zonas rurales. En su opinión, la medida de destilación anunciada por el Gobierno “sólo ha empeorado las cosas”.
Esta organización agraria ha vuelto a reiterar su crítica a la destilación obligatoria aprobada por el Gobierno la semana pasada y cuyo anuncio en el mes de julio contribuyó a que las bodegas vendieran el vino a “precios ruinosos”. UPA ya se manifestó hace semanas contra este plan del Ministerio de Agricultura, exigiendo que la destilación se hiciese con fondos nacionales tal y como permite la normativa europea.
UPA no apoyó en su momento dicha medida, reclamando una destilación de cuatro millones de hectolitros, lo que hubiese “aliviado el mercado” y evitado fuertes pérdidas en la economía de los viticultores. Para UPA, esta medida de destilación, “aunque no se llegue a realizar”, por la reducción de las existencias previstas inicialmente, ya hizo su efecto en el mercado, perjudicando “muy gravemente” a los viticultores, “principales afectados de esta crisis, sin que el Gobierno destinase ningún apoyo de fondos públicos”.
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