Los ganaderos y ganaderas extremeñas han invertido más de 112 millones de euros en paliar la sequía que azota a la región desde finales de febrero (unos sobrecostes que han supuesto unos 45 millones de euros para los ganaderos de vacuno y unos 67 millones de euros para los de ovino y caprino) hasta hoy. Esta situación se verá agravada hasta la otoñada debido a la imposibilidad de que se recuperen los pastos en los meses siguientes, y que elevarán estas pérdidas en 84 millones de euros más (34 millones de euros en vacuno y 50 millones de euros en ovino y caprino).
Ante esto, “el único paraguas que dispone el sector es el seguro por compensación de pérdida de pastos, un instrumento que no responde a las necesidades los ganaderos por sus escasas coberturas”, señala Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE Extremadura. Así la organización reitera su disconformidad con el actual sistema de seguros agrarios, cuya falta de apoyos públicos está derivando en un descenso de las coberturas, que en casos de sequía extrema apenas cubren el 40% de las pérdidas: “Los ganaderos tienen que asumir cada vez más costes, mientras se incrementa el precio del seguro y se encuentran más desprotegidos que hace unos años. Es injusto”.
Desde UPA-UCE denuncian además que los datos de sequía que aporta AGROSEGURO en la Comunidad Autónoma no se corresponden con la realidad del campo extremeño, pues el mes de mayo debería haberse considerado sequía extrema en la mayoría de comarcas ante la ausencia de lluvias, a diferencia de lo planteado por AGROSEGURO que en la mayor parte del territorio no contempla sequía o se apunta una sequía leve. Como ejemplos podemos citar el caso de las comarcas ganaderas de Azuaga y Herrera del Duque (sin sequía en todo el periodo); o Jerez de los Caballeros y Llerena (con únicamente dos decenas de sequía leve) cuyos ganaderos no tendrán derecho a recibir compensación alguna por no llegar al mínimo indemnizable (tres decenas de sequía leve en un mismo mes).
Ante esta situación, desde la organización reivindican a las Administraciones nacional y regional que se comprueben los datos aportados por AGROSEGURO, para corregir las desviaciones existentes e indemnizar a los ganaderos en función de la gravedad de la sequía que padezcan.
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