LA UNIÓ de Llauradors denuncia la actitud de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su defensa continua dentro de la cadena agroalimentaria de la gran distribución en detrimento de los productores agrarios cuando debería ser un organismo independiente.
La CNMC ha hecho público un informe sobre la propuesta de acuerdo sobre el Código de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria a petición del Ministerio de Agricultura. Cabe indicar que este Código está regulado por la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria e impulsado por el Ministerio de Agricultura con el consenso del sector para lograr un mayor equilibrio y transparencia en las actuales relaciones comerciales.
En dicho informe cuestiona varias medidas que llevan reclamando los productores agrarios insistentemente a través de organizaciones agrarias como LA UNIÓ en todos los foros. Para esta Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no toda práctica comercial supuestamente problemática presenta efectos negativos, de hecho puede aumentar la eficiencia de la cadena de valor y por tanto dice que “resulta poco razonable prohibir o criticar de forma generalizada la venta a pérdida, ya que en determinadas situaciones podría resultar ventajosa para el consumidor”. No se debe olvidar que frenar la venta a pérdida es una de las principales demandas de los agricultores y ganaderos y se ha convertido en una reivindicación que ha sido trasladada ya en numerosas ocasiones a las instituciones europeas. “Tolerar la venta a pérdida e incluso hablar de sus beneficios como pretende inducir la CNMC en su informe es un despropósito mayúsculo y una auténtica burla hacia los productores porque estas prácticas claramente benefician a la distribución comercial por un aumento de las ventas a costa del trabajo de los agricultores y ganaderos”, señala el Secretario General de LA UNIÓ, Ramón Mampel.
El informe de la CNMC también cuestiona la venta de productos agrarios de proximidad. Así, la ve como una práctica que puede afectar a la libre competencia y que puede alterar negativamente las decisiones de compra, introduciendo restricciones geográficas indebidas que deben ser evitadas.
Ramón Mampel considera que “con esta actitud que expresa en el informe la Comisión Nacional de la Competencia se convierte ya de facto en la vocera oficial de la gran distribución, algo que ya se podría intuir pero que ahora se plasma por escrito”. En este sentido es paradójico que un organismo que ha de velar por la libre competencia “trabaje a destajo para lograr que los grandes continúen siendo cada vez más grandes y evitando la entrada de pequeños competidores”, concluye el secretario general de LA UNIÓ.
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