La Alianza UPA-COAG denuncia la situación en la que se encuentran las explotaciones agrarias de la región por la imposición de un catastrazo abusivo que se está utilizando para recaudar de forma extrema a costa de los agricultores y ganaderos.
La situación es especialmente delicada para profesionales de la ganadería que por las granjas, naves, almacenes o instalaciones pagan un IBI sobrevalorado y en ningún caso ajustado a la realidad.
La Alianza UPA-COAG recuerda que el catastrazo es la aplicación efectiva de un intento del Ministerio de Hacienda por sanear las cuentas de los Ayuntamientos a través de la revisión y subida de los bienes del Catastro de Urbana y Rústica en toda España en general, y por lo tanto también en los consistorios de Castilla y León.
La Alianza UPA-COAG considera que las revisiones que se están aplicando son absolutamente desproporcionadas en el caso del Catastro de Rústica, por lo que pedimos a los ayuntamientos de la región que adopten medidas en la aplicación de determinados tipos impositivos que afectan a la actividad ganadera.
En este sentido consideramos que los ayuntamientos tienen que tomar medidas inmediatas para paliar el impacto de este impuesto, sobre todo, en la actividad ganadera, que atraviesa por una crisis acuciante en varios subsectores desde hace años.
Nuestra organización considera que son los ayuntamientos los que deben dar un paso al frente y bonificar el Impuesto de Bienes Inmuebles para reducir la presión fiscal sobre el agricultor y el ganadero.
En este sentido, la Alianza UPA-COAG reclama que los ayuntamientos reduzcan la cuota de liquidación al mínimo previsto por la ley que es del 0,3% del valor catastral de los inmuebles de rústica (granjas, galpones, establos, invernaderos). Además deben aplicar las bonificaciones que permita la legislación a las instalaciones actualmente en activo, utilizadas para generar rentas y empleo en el medio rural.
El problema va más allá y es que los efectos de estas sobrevaloraciones y por lo tanto de la subida que experimentarán tanto el catastro de rústica como el de urbana, puede afectar muy seriamente a las becas de hijos de agricultores y ganaderos dado el «incremento ficticio del patrimonio».
El actual sistema que aplica el Ministerio de Educación para conceder estas ayudas dejará fuera a muchos estudiantes de las zonas rurales, ya que la suma de los valores catastrales de las fincas rústicas de los miembros de la familia podría perjudicar muy seriamente a los profesionales agrarios también en materia educativa.
Por estos motivos, reclamamos de las administraciones municipales una aplicación justa y racional de la revisión catastral, de manera que la presión fiscal sobre el sector primario sea proporcional a sus posibilidades reales. Solo con una revisión de las cuotas de liquidación y la puesta en marcha de bonificaciones podría darse una solución a una situación límite para muchas economías de profesionales agrarios en Castilla y León.
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