«Veo las preocupaciones de ciertos sectores agrícolas y quiero subrayar que la Comisión ha incluido, como en todo acuerdo comercial, sólidas medidas de salvaguarda para el sector agroalimentario […] para actuar con rapidez en el improbable caso de perturbación del mercado.» Con estas palabras, el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, reconocía este martes las preocupaciones del sector ante el acuerdo comercial cerrado con Australia, defendiendo al mismo tiempo las medidas de protección incluidas en el texto. Su llamada a la calma no ha bastado para frenar el rechazo de las principales organizaciones agrarias españolas y europeas, que han denunciado que el sector agroalimentario asume una vez más el coste de unas negociaciones orientadas a favorecer otros intereses industriales y estratégicos.

Una negociación a espaldas del campo
COAG ha denunciado que la Comisión Europea ha cerrado la negociación de forma acelerada y opaca, sin haber completado una evaluación de impacto sectorial rigurosa y sin transparencia sobre los volúmenes de cuota acordados. La organización ha recordado que el Diálogo Estratégico sobre el Futuro de la Agricultura de la UE, concluido en septiembre de 2024, exigió explícitamente una reforma profunda de la política comercial agraria comunitaria, y ha denunciado que esa recomendación ha sido ignorada por completo.
Unión de Uniones ha incidido en el mismo argumento con una denuncia de fondo: mientras se imponen cada vez más exigencias normativas, ambientales y de costes a los productores europeos, se facilita la entrada de productos de terceros países que no están sujetos a esos mismos estándares. La organización también ha criticado que la Comisión avanza mediante hechos consumados sin rendir cuentas sobre las consecuencias económicas y sociales de sus decisiones.
El campo, otra vez como contrapartida
Las organizaciones comparten un mismo diagnóstico de fondo: la agricultura europea funciona de forma recurrente como contrapartida para obtener ventajas en sectores ajenos al primario. ASAJA ha señalado que Bruselas ha cedido en productos clave del campo europeo a cambio de favorecer intereses en la automoción, la industria química y el acceso a materias primas estratégicas para la transición energética, como el litio, el magnesio o el aluminio, y ha advertido de que esta situación no es nueva, equiparándola a las consecuencias de los aranceles a fertilizantes rusos y bielorrusos, al encarecimiento energético o a anteriores negociaciones comerciales como las de Mercosur o Marruecos.
COAG ha añadido que la competitividad australiana en carne no se basa en la eficiencia sino en la ausencia de las exigencias ambientales, de bienestar animal y de trazabilidad que se imponen al productor europeo. La organización ha señalado que en Australia está autorizada la producción de carne con hormonas de crecimiento prohibidas en la UE desde 1989, con sistemas de feedlot intensivos sin restricciones y con estándares de trazabilidad incomparables con los europeos.
Más allá de Australia
Las organizaciones han coincidido en que el problema no es Australia de forma aislada, sino la suma de acuerdos cerrados en un período muy corto: Mercosur, India, Indonesia y ahora Australia. COAG ha advertido de que el mercado europeo ya está saturado por el acumulado de concesiones de acuerdos de libre comercio previos, en un momento en que los costes de producción están disparados por el conflicto en Oriente Medio y los insumos energéticos y los fertilizantes se encuentran en máximos históricos.
Las salvaguardias, en el centro de la desconfianza
Las organizaciones han expresado una desconfianza generalizada en la eficacia real de los mecanismos de protección previstos. ASAJA ha recordado precedentes recientes en los que estos instrumentos resultaron ineficaces o se activaron con años de retraso, como ocurrió con las importaciones de arroz procedentes de Birmania y Camboya o con el etanol de Pakistán, y ha advertido de que cuando las salvaguardias llegan, el daño al sector ya está hecho. Unión de Uniones y COAG han señalado en la misma dirección, apuntando que el acuerdo carece de garantías reales frente a perturbaciones del mercado. Las tres organizaciones han realizado un llamamiento directo a los eurodiputados para que voten en contra de la ratificación del acuerdo.
Los propios productores australianos han reaccionado también con rechazo al acuerdo, al considerar, según fuentes comunitarias, que las concesiones obtenidas han quedado por debajo de sus expectativas, algo que la Comisión ha presentado como indicador del carácter limitado de las concesiones.
Los sectores más expuestos
Los sectores que han centrado la preocupación de las organizaciones son la carne de vacuno, el ovino y caprino, el azúcar, los lácteos y el arroz. COAG ha alertado de que la cuota acordada para el vacuno supone multiplicar por nueve el acceso actual de Australia al mercado europeo a través de la cuota Hilton, actualmente fijada en 3.389 t. ASAJA ha reclamado que los sectores más sensibles hubieran quedado excluidos de las concesiones, como ocurrió en el acuerdo negociado con India.
En la misma línea, el Copa-Cogeca, que agrupa a las principales organizaciones agrarias y cooperativas europeas, reconoció la importancia estratégica del acuerdo pero advirtió de que la agricultura no puede volver a utilizarse como moneda de cambio para obtener ventajas en otros sectores.
Interovic, la interprofesional del ovino y caprino de carne, centró su preocupación en el impacto territorial y económico sobre la ganadería extensiva española. La organización alertó de que el cordero australiano llega al mercado con un coste estimado de entre 6,5 y 7 €/kg canal, frente a los cerca de 9 €/kg del producto europeo, una diferencia cercana al 30% que presionaría directamente la rentabilidad de las explotaciones. Todo ello en un sector que ya acusa una reducción estructural: en España se perdieron más de 500.000 ovejas en el último año, una caída del 10% de la cabaña en un solo ejercicio.






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