La Comisión Ejecutiva de la Federación Española del Vino (FEV) ha analizado el desarrollo de la nueva campaña vitivinícola, marcada por una vendimia generalizada en buena parte del país, más corta de lo habitual y anormalmente adelantada en el calendario.

La FEV estima que la producción de vino y mosto se situará entre un 10 % y un 15 % por debajo de la campaña anterior, que alcanzó los 36,8 Mhl, y muy lejos de los 40 Mhl obtenidos en 2021 y 2022. Se trata de una previsión global que presenta fuertes diferencias territoriales, ya que en algunas regiones las caídas podrían oscilar entre el 40 % y el 50 % por los efectos combinados de las olas de calor, la sequía o enfermedades como el mildiu.

La federación subraya que estas cifras reflejan la fuerte dependencia de la viticultura de las condiciones climáticas y evidencian la necesidad de avanzar en medidas de adaptación al cambio climático para garantizar la sostenibilidad del sector en el futuro.

Cumplimiento de la Ley de la Cadena

Ante las críticas vertidas por organizaciones agrarias en las últimas semanas, la FEV ha defendido que sus bodegas cumplen estrictamente con la Ley de la Cadena Agroalimentaria. La entidad asegura que este año, debido a la reducción de la producción, se están registrando incrementos notables en el precio de la uva para garantizar que se cubran los costes efectivos de producción y, en muchos casos, compensar los bajos rendimientos obtenidos por los viticultores.

La federación recuerda que este encarecimiento repercute inevitablemente en toda la cadena de valor del sector, desde el aprovisionamiento hasta el producto final.

Petición de flexibilidad a la AICA

La FEV pide a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) una reflexión sobre algunos aspectos de la Ley de la Cadena. Considera que resulta imposible prever contractualmente situaciones de escasez como la actual, y advierte de que la normativa impide modificar al alza el precio pactado una vez entregada la uva, cuando realmente se conocen las mermas de producción.

Esta rigidez, según la federación, puede perjudicar tanto a las bodegas —que podrían incumplir la norma de forma involuntaria— como a los viticultores, que recibirían menos de lo que el comprador estaría dispuesto a pagar en función de la menor cantidad de uva entregada.