Desde la convocatoria de 2020, y hasta la última en 2023, la organización agraria ASAJA León ha viene tumbando en los juzgados las bases reguladoras de las ayudas a las organizaciones profesionales agrarias y a cooperativas y otras asociaciones agroalimentarias, dejando en mal lugar al equipo de gobierno de ésta y de la anterior legislatura por utilizar mala praxis,  y a los grupos políticos de la oposición que lo han apoyado, por no enterarse de nada (igual que en el Congreso de los Diputados), señalan desde la organización.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de León ha dictado la sentencia número 159/2024 en la que se falla estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por ASAJA contra el Acuerdo del pleno de la corporación de 28 de noviembre de 2023 de aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, a las entidades asociativas agroalimentarias contempladas en la Ley 1/2014 de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León, que desarrollen programas de mejora en 2023, dejándola sin efecto, con imposición de costas a la administración demandada.

Es probable que, como ha ocurrido con las convocatorias anteriores, la Diputación decida ganar tiempo y recurrir a instancias superiores, en vez de rectificar y asumir los criterios que le marca la justicia.

ASAJA acusa al equipo actual de la Diputación, y al anterior que estaba conformado por las mismas fuerzas políticas, de actuar de mala fe a lo largo de todo este proceso, con el único interés de perjudicar a la organización mayoritaria que es ASAJA, y lo ha hecho porque tanto antes como ahora, una vicepresidencia de la Diputación está ocupada por un cargo relevante de la organización agraria UGAL-UPA. Esto, que para ASAJA es prevaricación, no ha podido demostrarse, todavía, en los juzgados.