Una de las 43 medidas diseñadas por el Gobierno para mejorar la situación de agricultores y ganaderos, y recogidas en el documento que hace unos días firmaron UPA y Unión de Uniones, es la del aplazamiento de la obligación de la identificación electrónica de bovino. Otra de las medidas es modificar el calendario de aplicación de la normativa sobre el veterinario de explotación.

En consecuencia, es necesario modificar el Real Decreto 787/2023, de 17 de octubre, que regula el sistema de trazabilidad, identificación y registro de determinadas especies animales terrestres en cautividad.

Por este motivo, el MAPA ha abierto una consulta pública hasta el 6 de mayo. Para acceder a ella, pinche aquí.