El pasado mes de noviembre, la Federación de Industrias Lácteas (FENIL) inició un procedimiento para impugnar la Ley de la Cadena Alimentaria, que fue aprobada inicialmente en 2013 y modificada en 2021. Las industrias lácteas afirman que pagar un precio por encima de los costes de producción es “contrario a derecho”, según señala UPA, que se ha personado en la causa y acude hoy a la Sala Tercera del Tribunal Supremo a presentar pruebas y argumentos en defensa de los ganaderos.

La intención de las industrias lácteas es tumbar la prohibición de la compra a pérdidas en cada eslabón de la cadena alimentaria, lo que en la Ley se denomina como destrucción de valor de los productos. Ese elemento es uno de los pilares de esta legislación y, como demuestra esta demanda de FENIL, uno de los que más molesta a los eslabones que han controlado la cadena alimentaria en las últimas décadas, señalan desde la organización.

UPA se ha personado en la causa para defender los intereses de los ganaderos, que llevan décadas luchando para conseguir reequilibrar la cadena alimentaria. El caso del sector lácteo es uno de los más paradigmáticos: la leche es un producto básico de la cesta de la compra del que España es deficitaria; a pesar de ello, los ganaderos llevan décadas sufriendo una gravísima crisis de rentabilidad por los bajos precios pagados por las industrias y motivados por la gran distribución, lo que ha provocado el cierre de más de 3.000 granjas en los últimos cinco años.

UPA presentará un dictamen pericial que demostrará la necesidad de salvaguardar ese punto clave de la Ley de la Cadena, que evita que los productores perciban un precio inferior a sus costes. La organización tratará de frenar así esta iniciativa “deleznable” de FENIL, que trata de frenar en los tribunales una Ley aprobada con un amplio consenso.