ASAJA-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía quieren dejar claro que han apoyado desde el principio la candidatura a Patrimonio Mundial de los Paisajes del Olivar de Andalucía, siempre que se estableciera como línea roja la propiedad y que no hubiera limitaciones a la capacidad productiva del olivar protegido.

Así se ha ido quedando patente en las diversas reuniones durante todos estos años, e incluso se recogía en los documentos que se presentaron para las Adhesiones a la Declaración de los Paisajes del Olivar de Andalucía de finales del año 2017 y principios del año 2018. De hecho, en el Documento de Adhesión se indicaba que “ello además no supondrá ninguna limitación de uso o de manejos en la actividad productiva”, según indican en un comunicado.

Sin embargo, la última versión del expediente contradice claramente dicha afirmación, por lo que las organizaciones firmantes se ven empujadas a resolver todas las dudas surgidas tras conocer el citado documento con la única intención de salvaguardar los intereses del sector productor, principal avalista del paisaje del olivar andaluz.

En todas las reuniones que se han ido sucediendo a lo largo de estos años no se ha hablado de nada de las limitaciones que ahora, después de siete años, se dan a conocer. Incluso las indicaciones eran en sentido contrario. No es hasta el 20 de diciembre de 2022, hace unas semanas, cuando se informa de estas restricciones, con las que tanto el derecho de propiedad como la propia libertad de empresa se verían seriamente afectados, sin que se concreten cuáles serán las supuestas ventajas para los agricultores, ganaderos y propietarios que entrañaría la declaración de Patrimonio Mundial.

Hasta el momento, se desconoce el presupuesto asignado, así como la procedencia del mismo. Además, se habla de posibles ayudas y subvenciones a los propietarios afectados pero no se detallan ni evalúan económicamente las mismas.

Según los estudios técnicos, esta figura provocaría limitaciones y obligaciones a los agricultores, ganaderos y propietarios del territorio afectado, mientras que las ventajas no quedan nada claras. Entre las primeras, las obligaciones y restricciones, están la inclusión de la inscripción en el Registro de la Propiedad; la obligación de los propietarios, titulares de derechos o simples poseedores de los bienes de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos garantizando la salvaguarda de sus valores; la obligatoriedad de ejecución de obras y actuaciones de conservación; la ejecución forzosa, el derecho de tanteo y retracto, la expropiación, la potestad de inspección de la Consejería de Cultura, la evitación de la contaminación visual o perceptiva y la obligación de comunicar la realización de cualquier obra o intervención a la Consejería competente, entre otras.

Ante este nuevo marco jurídico que se presentaría para las más de 144.000 hectáreas de olivar incluidas en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias plantearon, por un lado, la necesidad de una reunión técnica donde se expongan todas las consecuencias que tiene esta declaración para los olivareros afectados y, si los hay, se cuantifique los beneficios que puedan suponer para ellos. Y, por otro lado, que se hagan reuniones en las zonas afectadas para que sean los propios olivareros los que sepan de primera mano las consecuencias y se manifiesten al respecto, ya que la caracterización de estos olivares no sólo afectará a la provincia de Jaén, sino también a zonas de Córdoba, Sevilla, Granada, Málaga y Cádiz.

ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias no se opondrán, por tanto, a la candidatura a Patrimonio Mundial de los Paisajes del Olivar de Andalucía, siempre y cuando no conlleve la inclusión de 144.000 hectáreas de olivar en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Debe tenerse en cuenta que las citadas plantaciones olivareras son en primer lugar, y antes que cualquier otra cosa, explotaciones agrarias, cuya buena gestión privada por parte de sus agricultores no sólo permite su supervivencia, sino que además constituye la base de la economía de todo un sector agroalimentario que es a su vez la principal fuente de riqueza y empleo de más de 400 municipios de Andalucía.

En este sentido, las organizaciones consideran innecesario imponer restricciones y limitaciones a un sector productivo como el olivar para favorecer los intereses de otros sectores como el turístico, y menos bajo el pretexto de conservar un paisaje y una cultura por la que ya velan sus legítimos propietarios en virtud de su función primera y esencial, la obtención de la aceituna de la mejor calidad para la producción de aceite o para su transformación en aceituna de mesa.

Si Andalucía cuenta hoy con un envidiable “mar de olivos” es gracias al trabajo, al tesón y al esfuerzo de miles de olivareros que con su trabajo diario pelean por obtener rentabilidad de un cultivo vecero, sujeto a los avatares de la climatología, del mercado y de la PAC. Un sector que precisa mejorar las condiciones productivas, las infraestructuras -especialmente las hidráulicas-, la conectividad y todas aquellas cuestiones que redundan en la rentabilidad del cultivo y en la sostenibilidad del medio rural, desde el punto de vista económico, social y también medioambiental.