ASAJA considera que el mecanismo de cotización planteado por el Ministerio de Seguridad Social para que entre en vigor a partir de 2023 supone, en primer lugar, un incremento en los costes sociales para los autónomos agrarios de cerca del 40 % y, además,  no tiene en cuenta las características fiscales específicas del sector agrario. En suma, una vuelta de tuerca más para las maltrechas  cuentas de resultados de las explotaciones agrarias.

La última propuesta para reformar el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) del Gobierno busca que este colectivo pague cotizaciones sociales en función de sus ingresos reales mediante un sistema de tramos. Son tramos que se definen teniendo en cuenta los rendimientos netos del autónomo. En concreto, el Ministerio de Seguridad Social ha llevado a la Mesa de Diálogo Social un sistema de trece tramos distintos de rendimientos netos (ingresos deduciendo gastos). Con esta propuesta los agricultores pueden cambiar de tramo hasta 6 veces en un año y la cuota que pagarán a la Seguridad Social se calculará sobre esa base. 

Los autónomos que tienen ingresos bajos y están clasificados en cualquiera de los primeros dos tramos (menos de 600 euros o de 600 a 900 euros) experimentarán un ahorro una vez se implemente completamente la propuesta; los del tercer tramo, de 900 a 1.125,90 euros, no notarán la diferencia; mientras que los que se encuadren en cualquiera de los diez tramos restantes, la inmensa mayoría de los cotizantes agrarios, tendrán que pagar más a la Seguridad Social con incrementos en las cuotas que llegarían en algunos casos a pagar el triple de lo que se cotiza en la actualidad.

Por otra parte, ASAJA considera que el mecanismo de cotización planteado por el Ministerio de Seguridad Social no tiene en cuenta las características fiscales específicas del sector agrario. Es un método basado en los rendimientos netos, por lo que desde ASAJA consideramos que los autónomos agrarios pagarán más o menos en función de su capacidad de deducción de gastos, no de sus ingresos reales. En esta línea, nos preguntamos qué hará el Gobierno para poder calcular los rendimientos netos de aquellos profesionales que no tributen en estimación directa.

En suma, si añadimos esta propuesta de incremento de costes en las cotizaciones a las reiteradas subidas del SMI en los últimos tres años, que han supuesto un incremento de más del 30 % en los costes laborales y sociales de los empresarios agrarios, más la subida de las cuotas anuales de la Seguridad Social  y el incremento de costes que tendremos que afrontar con la nueva Reforma Laboral, muy perjudicial para los intereses del sector agrario, el resultado es que se pone de nuevo en jaque al campo español.

Una nueva vuelta de tuerca para un sector asfixiado ya por los incrementos de costes de producción, la imposibilidad de repercutir los mismos en el precio de venta de los productos y por las limitaciones productivas que imponen la nueva PAC, con mayores condicionamientos medioambientales. Mientras tanto, el Gobierno, lejos de aportar soluciones, con cada nueva decisión exprime aún más las maltrechas economías agrarias.