Unión de Uniones ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el Gobierno por su inactividad al no haber desarrollado el contrato eléctrico de doble tarifa para el regadío, tal y como disponía la Ley General de Presupuestos para 2021. La organización lo considera fundamental en el presente escenario de encarecimiento de la energía eléctrica.

La propuesta de enmienda presentada a los Grupos por parte de Unión de Uniones en el debate parlamentario de la Ley de Presupuestos Generales para 2021 fue asumida de forma textual por varios de ellos y finalmente aprobada como Disposición Final cuadragésima quinta. En la misma se decía que el Gobierno, en el plazo de 6 meses, establecería reglamentariamente una modalidad de contrato de acceso para regadío que contemplase la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses.

Finalizado el plazo de previsto, el pasado 30 de junio, Unión de Uniones requirió mediante escrito dirigido al Ministerio competente, el de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para que diera cumplimiento a dicha disposición, sin haber obtenido respuesta ni haber trascendido ningún trabajo por parte del Gobierno para avanzar en el desarrollo de un contrato eléctrico que permita a los agricultores no pagar por una potencia que no necesitan durante las épocas en las que no se riega.

“Cuando las tarifas eléctricas se han multiplicado por 5 en el último año” manifiestan desde la organización “no podemos resignarnos a que el Gobierno haga caso omiso a lo que dice la Ley y por eso hemos llevado el tema a los tribunales”.

Unión de Uniones ha presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal supremo un recurso contra el Gobierno basándose en que la inactividad al no dar cumplimiento a lo dispuesto en la disposición final cuadragésimo quinta de la Ley está ocasionando un perjuicio a los agricultores que pueden acogerse a un contrato de acceso eléctrico que les resultaría más económico al reducir el coste durante la época en la que no se riega.

La organización ha planteado también al Ministerio de Agricultura otras medidas de carácter fiscal, técnico y financiero para apoyar a agricultores y ganaderos en la actual situación, con una subida acelerada de los costes productivos que las explotaciones no tienen capacidad para repercutir en los precios a los que venden.