Los convocantes de la manifestación del próximo día 2 de diciembre “En defensa de nuestro campo” han denunciado públicamente los intentos de la Delegación de Gobierno de limitar el derecho a manifestarse de los agricultores y de intentar censurar y acallar el malestar del campo extremeño.

Así, la Delegación del Gobierno pretende recortar el derecho a la manifestación limitando tanto el horario de la protesta, que pretenden recortar en tres horas, como el número de participantes, reduciendo a 300 personas, como máximo, las que se pueda concentrar en las puertas de Presidencia de la Junta.

Para la Plataforma, estas dos imposiciones, además de ser un claro atropello a los derechos de los agricultores y ganaderos, son el más claro ejemplo del poco talante democrático de las autoridades nacionales y regionales, y del miedo que tienen a la crítica. NO puede ser que la delegada del Gobierno actúe como un perro guardián en defensa de “su jefe” para que no visualice el malestar general que existe en el campo.

Al mismo tiempo, esta actitud está provocando que pueda haber enfrentamientos entre fuerzas del orden y manifestantes, ya que NO se puede limitar la entrada a tan solo 300 agricultores en Presidencia cuando la previsión es que se desplacen un total de 5.000 asistentes, señalan desde la Plataforma.

A pesar de estos intentos de pisotear los derechos de agricultores y ganaderos, a pesar de las limitaciones que están poniendo y a pesar de que nos quieran alejar y limitar de la puerta de la presidencia de la Junta “nos va a oír bien fuerte porque es un clamor unánime la situación que está atravesando el campo.” “si no nos dejan en las puertas de Presidencia, pediremos irnos a la Plaza España de Mérida, pero el campo se va a escuchar alto y claro” la Plataforma ha concluido.

La manifestación

La manifestación está convocada para el dos de diciembre para protestar por la situación que atraviesa el campo. Las organizaciones convocantes de la protesta son: Asaja (APAG Extremadura Asaja y Asaja Cáceres); La Unión Extremadura; Aseprex; Agryga; Agricultores de Don Benito; y la Asociación de Agricultores del Valle del Jerte y Comarcas.

Entre las quejas se incluyen los bajos precios que se pagan a los agricultores, el encarecimiento de los costes de producción (gasóleo, fitosanitarios, etc.), el recorte de fondos de la Política Agraria Comunitaria (PAC), la penalización al agricultor profesional en las políticas europeas y el endurecimiento de los compromisos medioambientales.