Cuando la Unión Europea implantó la Directiva Marco de Agua, los Estados miembros la traspusieron al ordenamiento jurídico nacional y, cada seis años, renovamos la planificación hidrológica.

En estos momentos, España está trabajando en la renovación de esos planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas para el periodo 2022-2027, que son los documentos que marcan las pautas para la gestión del agua con el fin de cumplir los objetivos medioambientales: alcanzar el buen estado de las masas de agua, racionalizar y proteger la calidad del recurso, satisfacer las demandas y equilibrar el desarrollo regional y sectorial.

Pues bien, los borradores que nuestro Gobierno ha puesto a consulta son, en toda regla, una declaración de guerra al sistema productivo español porque, al contrario de lo que marca el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio de 2007, de planificación hidrológica, ni satisfacen las demandas ni equilibran el desarrollo del sector primario, es más, son un freno rotundo y radical a la producción de alimentos. No sé en qué cabeza cabe morder la mano de los que nos dan de comer.

A modo de resumen, la propuesta española no aporta soluciones a los problemas de los profesionales de la agricultura, ni a los de los jóvenes que quieren tener una explotación rentable… ni si quiera a los que llevan años esperando que se resuelva su expediente, ni mucho menos a los de los agricultores que necesitan echar un riego de socorro cuando la sequía amenaza con cargarse su cosecha. Y, además, se suspenden obras hidráulicas y se impone la limitación y los recortes como la única opción de gestión. Ni control, ni infraestructuras ni planificación.

Dicho esto, me cuesta entender cómo el mayor responsable, el Ministerio de Transición Ecológica, pueda ser también el del Reto Demográfico, porque estos planes abocan a una auténtica despoblación. ¿Qué por qué digo esto? Pues porque si los planes dejan sin expectativas a los regadíos y a los jóvenes que se quieran incorporar a la agricultura, es fácilmente entendible que los pueblos se vacíen. Sin agua, no hay desarrollo ni futuro.

Y, al contrario de lo que dicen algunos, agua hay para todos, siempre y cuando se gestione eficazmente el recurso que, por supuesto, lo reconocemos como un bien preciado. Y si no, ¿por qué se pierde agua del río Júcar o del Ebro que acaba en el Mediterráneo? O, ¿cómo es posible que los portugueses sigan desarrollando regadíos con el agua del Tajo?

Así que no puedo evitar que se me pase por la mente que si los planes de cuenca no satisfacen las demandas de los agricultores es porque responden a otro tipo de intereses. ¿Y que interés mayor hay que el del propio dinero?

Desde la Administración nos anuncian 8.000 millones de euros hasta 2027 para la mejora de las cuencas hidrográficas, mientras por otro lado pretenden imponer una recaudación económica a los usuarios, con nuevos cánones de tipo ambiental.

Y, por otra parte, hay otro interés imposible de justificar, el de los que actúan fuera del marco de la ley. Éstos no deben ponerse detrás de una pancarta de ASAJA, y sí detrás de nuestra línea roja.

Poco hace la Administración ante los que comenten prácticas irregulares con el riego en cualquiera de las cuencas hidrográficas españolas… No sé si porque no quiere o porque no puede resolverlo.

Por eso, léase con la mayor contundencia posible, necesitamos la unidad para actuar en el marco de la legalidad. Es la única manera de tener legitimidad para luchar contra los que actúan de esta forma tan deplorable.

Dicho de otra forma, si todos los borradores de los planes de cuenca atentan contra los productores españoles, no veo ningún motivo para no aceptar la declaración de guerra del Gobierno y que los agricultores nos pongamos a luchar.

Aunque, déjenme decir que, antes de declararnos la guerra, ya hubo un conato que no supimos ver. En marzo de 2018, el PSOE publicó las “Bases para un acuerdo del país sobre el agua”, lo que viene llamándose “la nueva cultura del agua”. Ahí ya se marcaban las pautas de lo que este Gobierno pretendía hacer, cortar la posibilidad de desarrollo al sistema productivo español.

Contado todo esto, no veo otra salida que coger nuestras armas y luchar de la única manera que sabemos, ejerciendo nuestro derecho a protestar y, si es menester, convocando una macromanifestación nacional de todas las organizaciones agrarias de ASAJA, porque, al fin y al cabo, no habrá agricultor español que no salga perjudicado de esta.