Un agricultor de la provincia de León ha sido condenado por un delito contra la propiedad industrial al haber falsificado la denominación de una variedad de trigo blando protegida.

La sentencia, dictada por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Sahagún (León), considera probado que el agricultor falsificó la identidad de la variedad protegida de trigo blando “Craklin”, modificando su denominación en la documentación del acondicionamiento de grano para siembra y sustituyéndola por la variedad no protegida “Marius”. Intentaba de este modo eludir el pago de las retribuciones por reempleo de la variedad protegida, conculcando los derechos de propiedad industrial y contraviniendo el artículo 274.4 del Código Penal.

La sentencia, contra la que no cabe recurso, condena al agricultor a la pena de 8 meses de prisión, al pago de indemnización por los daños y perjuicios causados, el decomiso del material vegetal y la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

La falsificación fue descubierta gracias a las investigaciones llevadas a cabo por el SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de León.

La protección de los derechos de propiedad industrial, promueve que a quien crea riqueza en el sector desarrollando una nueva variedad vegetal, se le otorguen durante un tiempo limitado los derechos exclusivos para su explotación. De este modo puede recuperar la inversión acometida y obtener el justo beneficio por su labor inventiva. Esta es la razón por la que los agricultores deben compensar a las empresas obtentoras por medio de los correspondientes royalties, haciendo posible así que estas puedan seguir trabajando en la obtención de nuevas variedades.

La reproducción o la compraventa de semillas y plantas ilegales amenazan la investigación y comprometen el futuro de la agricultura. El fraude tiene graves consecuencias no solo para los obtentores de nuevas variedades vegetales, a los que se están causando pérdidas multimillonarias cada año, sino también para todo el sector, pues se lesiona la imagen de nuestra agricultura en los mercados exteriores y supone una competencia desleal para la mayor parte de los productores que se esfuerza responsablemente por respetar la ley.

Además, la utilización de material vegetal producido clandestinamente puede dar resultados deficientes y acarrear serios perjuicios económicos al agricultor. Estos problemas se evitan empleando material legal, pues con él se garantiza altos niveles de germinación y uniformidad.

Finalmente, la ausencia de controles sanitarios puede ser un foco de transmisión de enfermedades, riesgo que, sin embargo, no existe cuando se emplea semillas certificadas y plantas legales.

El desarrollo de nuevas variedades solo es posible con una inversión continua en los programas de investigación. Desde Geslive se apunta que “para sostener los programas de mejora y el desarrollo de variedades es vital proteger los resultados de los trabajos de los obtentores y respetar sus derechos de propiedad industrial. Es la única forma para que se mantenga un sector agrícola fuerte y competitivo”.