Tras la ola de movilizaciones llevadas a cabo por los productores antes del la pandemia, demandado precios justos, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 5/2020, que introduce que los precios de los contratos de los productor agroalimentarios deben determinarse en función de factores objetivos, como el coste real de producción del producto.

La Federación Rural Galega (FRUGA) considera que esta aparente mejora no lo es tal, ya que cada granja tiene que demostrar sus costes, lo que deja al ganadero en total indefensión.

FRUGA denuncia que la mayoría de las empresas lácteas que operan en Galicia están presentando contratos en los que el ganadero tiene que declarar expresamente que el precio base establecido en el contrato es más alto que el coste real de producción de su explotación. Según FRUGA, si el ganadero no firma, le amenazan con dejar de recogerle.

FRUGA denuncia las presiones que están sufriendo la mayoría de las granjas lecheras en Galicia, que por otro lado ya son las que reciben los precios más bajos en toda España. Además, solicitan un cambio del Real Decreto-ley para que esté expresamente permitido establecer costes de producción basados ​​en estudios realizados al respecto, por organismos oficiales, como el Observatorio de Productos Lácteos de Galicia.