La COVID-19 ha marcado también la presentación del Anuario de la Agricultura Familiar en España que se ha celebró ayer en la sede de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), saliendo por primera vez de las instalaciones del Consejo Económico y Social (CES).
“Parece que hace mucho tiempo, pero cuando la COVID-19 cambió nuestras vidas, en nuestro país estábamos inmersos en una protesta unánime que sacó a todos los agricultores y ganaderos a las calles de nuestro país”, ha comenzado su intervención la vicesecretaria general de UPA, Montse Cortiñas, en relación a las movilizaciones de Agricultores al Límite que se celebraron al comienzo de este año.
La demanda de precios justos para sus productos ha sido el principal tema de debate durante el acto. Sobre ello, han hablado extendidamente los participantes de la mesa redonda, Eduardo Moyano, investigador de Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); Víctor Martín, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid; Roberto García, director de Innovación Agroalimentaria de Cajamar, y Montse Cortiñas, vicesecretaria general de UPA.
Los ponentes han explicado a presentes e internautas la importancia de ciertos sectores que, si bien parecen menores por su cuantía en el PIB, se muestras esenciales en momentos de crisis. Y en este punto, “no vale todo”. La agricultura familiar ya ha demostrado que en cuanto a factores cualitativos tiene más que ofrecer que otros modelos agrícolas; por su protección de los recursos naturales, su vertebración del territorio, las garantías que aporta a la seguridad alimentaria y muchas otras cuestiones en las que la agricultura y ganadería familiares son el máximo baluarte.
Por todo ello, no ha dejado de debatirse en el acto sobre temas que copan la actualidad del campo y del resto de la sociedad, como la Ley de la cadena alimentaria, la Política Agraria Común o la Estrategia De la Granja a la Mesa.
Durante la clausura del acto, Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, y Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, han exigido un reequilibrio de la cadena agroalimentaria, han puesto en valor la Ley que la regula y han alzado la voz contra los pocos, pero lamentables, casos de irregularidades entre los trabajadores temporeros de las explotaciones, que también han saltado a la opinión pública estos días.
La pelota ha sido recogida por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ha dedicado gran parte de su discurso a apoyar las reivindicaciones de precios justos de los agricultores y ganaderos, así como a garantizar que la Ley se cumplirá, ya que “el cumplimiento de la ley no es una opción, es una obligación”, ha sentenciado.
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