UPA-UCE Extremadura señala que se mantendrá vigilante para que las centrales hortofrutícolas de la región cumplan con la nueva Ley de la cadena alimentaria en esta campaña. “Sabemos que hay demasiados intereses económicos detrás de todo esto. Unos pocos intentarán que esta ley no se cumpla para así continuar con el abuso que se viene produciendo con los alimentos”, señala el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas.
Con el objetivo de que todas las partes conozcan dicha legislación, esta organización agraria ha lanzado una campaña informativa para recordarle a las centrales hortofrutícolas que tienen que cumplir la Ley y no se vean sorprendidas en caso de recibir posibles sanciones. En este sentido, la primera acción ha sido el envió de cartas informativas sobre lo recogido en la ley y la necesidad de su cumplimiento (adjuntamos copia de la carta).
La importancia que tiene el sector de la fruta de hueso en Extremadura es indiscutible, tanto desde el punto de vista económico como social. Las exportaciones extremeñas de fruta de hueso, nuestra especie estrella, representan más de 200 millones. Sin embargo, los productores continúan recibiendo precios por debajo de los costes de producción año tras año. “En una época en la que el consumidor paga por un producto hasta siete veces más de lo que recibe el agricultor, la existencia de contratos y la revisión de los precios para que los productores puedan cubrir sus costes son ahora más necesarios que nunca. Este panorama tiene que cambiar porque no podemos consentir que siempre salga perdiendo el productor”, denuncia Huertas.
Desde UPA-UCE mantienen que estarán especialmente vigilantes con el cumplimiento de la legalidad impuesta respecto a la Cadena Alimentaria, conformación de precios y cláusulas contractuales. Además, esta organización agraria pone a disposición de los productores, tanto con su departamento técnico cómo jurídico, para asesorarles, aclararles cualquier duda y ayudarles en el cumplimiento de la Ley.
No conviene olvidar que la Ley 12/2013, en su artículo 8, establece la obligación de formalizar contratos por escrito donde aparezca, entre otros, el precio del producto, con expresa indicación de todos los pagos, incluidos los descuentos aplicables, las condiciones de pago, de entrega y puesta a disposición de los productos.
“Las sanciones que establece dicha Ley son mayores y más proporcionadas a la infracción. Además, incluye hacer públicas dichas sanciones para la sociedad conozca quién se incumple la ley”, destacan desde UPA-UCE.
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