La semana pasada, el gobierno francés aprobó dos normativas para equilibrar la cadena alimentaria. La Autoridad francesa de la Competencia ya ha publicado un dictamen sobre las mismas, que es bastante desfavorable.

Uno de los decretos establece que se eleve el  umbral de precio para la reventa de un producto. Fija que los productos alimenticios tienen que venderse, al menos, un 10% más caros que el precio al que fueron comprados. Esta norma, que entrará en vigor el próximo 1 de febrero de 2019, busca impedir la venta a pérdidas, es decir, revender un producto por debajo de su precio de compra.

Otra de las medidas aprobadas se refiere a la limitación de las promociones. A partir del 1 de enero de 2019, las promociones de productos alimenticios no pueden exceder del 34% del precio de venta al consumidor. Además, a partir del 1 de marzo, el volumen total de estas promociones se limitará al 25% de las ventas o al volumen de compra estimado entre el proveedor y el distribuidor, de acuerdo con los contratos firmados. Cubrirá todos los contratos en negociación desde el 1 de diciembre de 2018

Para la Autoridad de la Competencia, la primera medida se basa en un aumento de los márgenes de los supermercados que va ir en detrimento de los consumidores finales, que tendrán que pagar un mayor precio, en lugar de motivar un cambio en la relación entre productores y distribuidores.

En relación con la segunda medida, Competencia considera que es confusa, sujeta a demasiadas interpretaciones posibles y con  demasiados efectos secundarios negativos mal evaluados. Para la ara la Autoridad, sería imposible definir legalmente el precio de referencia para aplicar el descuento del 34%. Este precio sería fijado bajo la responsabilidad del anunciante, sin una regla especial. Esta medida tampoco tendría ningún incentivo o mecanismo coercitivo que garantice una redistribución del aumento potencial de las ganancias.