Uno de los puntos más preocupantes era el referente al límite de cadmio en los fertilizantes fosfatados. Se ha acordado bajar de los actuales 90 mg de cadmio/kg de e P2O5 a 60 mg / kg a partir de la fecha de aplicación del reglamento (es decir, tres años después de su entrada en vigor) en los fertilizantes fosfatados con el marcado CE. Inicialmente, el Parlamento Europeo quería una reducción progresiva del límite para llegar a 20 mg / kg en dieciséis años.

También se ha acordado incluir una  cláusula de revisión, con el fin de que la Comisión Europea revise los valores límite para evaluar la viabilidad de reducirlos, cuatro años después de la fecha de aplicación de las nuevas normas (es decir, siete años después de la entrada en vigor).

Asimismo, se ha decidido una etiqueta voluntaria de “Bajo contenido de cadmio (Cd)” o similar o una representación visual a tal efecto para el producto fertilizante que tiene un contenido de cadmio inferior a 20 mg / kg.

También se apoyan los incentivos suficientes para desarrollar tecnologías para quitar el cadmio y para manejar los desechos peligrosos ricos en cadmio por medio de recursos financieros relevantes.

Impulsar el uso de fertilizantes orgánicos y basados ​​en residuos.

Las normas vigentes de la UE sobre fertilizantes cubren principalmente los fertilizantes convencionales, normalmente extraídos de minas o producidos químicamente. El acuerdo alcanzado promueve un mayor uso de materiales reciclados para producir fertilizantes, lo que ayudaría a desarrollar la economía circular y reduce la dependencia de nutrientes importados.

Además, que se facilite el acceso al mercado para fertilizantes orgánicos innovadores, que darían a los agricultores y consumidores una opción más amplia y promoverían la innovación verde y que se establecieran  criterios de calidad, seguridad y medioambientales a nivel de la UE para los fertilizantes “UE” (es decir, aquellos que pueden comercializarse en todo el mercado único de la UE).

Próximos pasos

El proyecto de Reglamento tendrá que ser adoptados formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo. Entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Empezará a aplicarse a los tres años de su entrada en vigor.