El 31Ministerio de Agricultura (MAPAMA) publicó ayer en el BOE la licitación de la contratación de los servicios del plan de gestión del riesgo de inundación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, Fase I, por un importe de 2.844.631 euros.
El objetivo de estos trabajos, que tienen un plazo de ejecución de 24 meses, es impulsar la implantación y seguimiento del plan de gestión del riesgo de inundación y la revisión de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación de la cuenca.
De esta forma se da cumplimiento a lo previsto en la Directiva de Inundaciones y lo recogido enel Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, que establece la necesidad de que se elabore una nueva cartografía de zonas inundables, basándose en la revisión de los estudios hidrológicos existentes y en los nuevos trabajos de prevención.
El objetivo final es conseguir una propuesta definitiva de las áreas con riesgo potencial significativo de inundación y facilitar la constante actualización del Informe a la Comisión Europea.
TRABAJOS A REALIZAR
Los trabajos a realizar incluyen, entre otros, la recopilación y análisis de la información disponible, en particular la relativa a la incidencia del cambio climático en el riesgo de inundación y a la transformación del territorio, debido a la ejecución de infraestructuras y el desarrollo urbanístico.
También se llevará cabo la revisión de la identificación de zonas de riesgo potencial de inundación, a partir de estudios o informes sobre anteriores episodios recientes de inundación, así como la revisión de los tipos de inundación y definición de umbrales de riesgo significativo.
Asimismo, se identificarán y se estudiarán al detalle tramos con insuficiente drenaje transversal y se elaborara inventario de las infraestructuras de defensa existentes. Todo ello con el objetivo de conseguir una propuesta definitiva de Áreas con Riesgo Potencial Significativo del segundo ciclo.
Estos trabajos tienen también como objetivo conseguir una adecuada percepción del riesgo de inundación, por parte de la ciudadanía y los agentes económicos y sociales.
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