Ante el inicio de los diálogos tripartitos sobre el Reglamento Ómnibus entre Consejo, Parlamento Europeo y Comisión, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha solicitado por carta a todos los grupos políticos de la Eurocámara que defiendan con firmeza las enmiendas introducidas por el Pleno del Parlamento Europeo (PE) para que la regulación ómnibus permita introducir cambios reales y necesarios en la actual Política Agraria Común (PAC). En este sentido, desde COAG se insiste en la misiva que durante las negociaciones del  “trílogo” se incluyan las siguientes modificaciones en los reglamentos de la PAC:

1-En primer lugar, la enmienda 2, que establece la prevalencia de los objetivos de la PAC sobre las normas de competencia. Si se aprueba, sería un primer paso decisivo para mejorar los ingresos de los agricultores y estabilizar sus rentas. En definitiva, una forma de avanzar en una regulación más justa que evite la posición de dominio de gran distribución e industria asociada en la cadena agroalimentaria.

2.-La enmienda 69 en relación al reconocimiento de las zonas de pastoreo que pueden recibir ayudas de la PAC. Esta enmienda permitiría reconocer y valorar el uso agrícola de unos territorios generalmente marginados y apoyar actividades ganaderas sostenibles.

3.-Al contrario de la propuesta de la Comisión Europea, se debe reforzar la figura del agricultor activo como base del modelo de agricultura social y profesional mayoritario en Europa. Las ayudas de la PAC deben concederse exclusivamente a los agricultores activos. COAG aboga porque la figura del agricultor activo se aplique de forma común en todo el territorio de la UE.

4.-Se debe rechazar la propuesta de modificación de los instrumentos de estabilización de ingresos que quiere dar la posibilidad a los Estados miembros para ayudar a los agricultores con herramientas de estabilización de ingresos para sectores específicos. COAG rechaza las propuestas dirigidas a futuros seguros privados de precios y rentas. No se acepta que se deriven fondos públicos en beneficio de aseguradoras privadas que por la experiencia en otros países no resuelven la precaria rentabilidad de las explotaciones.