En 2015 se recogió una antigua demanda de las organizaciones ambientales en relación a la gestión del agua: destinar al cuidado de los ecosistemas acuáticos todo lo recaudado a través del canon que tienen que pagar las eléctricas por los aprovechamientos hidroeléctricos. Quedó plasmado en el Real Decreto 198/2015 como una forma de garantizar presupuesto suficiente para afrontar el deterioro de los ríos causado, entre otros usos, por las propias centrales hidroeléctricas.

Así, la normativa contempla que el 2% de lo recaudado por el turbinado de agua para producir electricidad se debe considerar ingreso de las confederaciones hidrográficas, mientras que el 98% restantedebe de ir a parar al Tesoro. Pero esto no quiere decir que esos ingresos vayan a otros destinos: el Real Decreto determina que los Presupuestos Generales del Estado destinarán, como mínimo, la cantidad que corresponde a ese 98% de recaudación a actuaciones de protección y mejora del dominio público hidráulico. Se trata de un impuesto finalista: el Gobierno está obligado a dedicarlo a la conservación de los ríos.

La información aportada por el Gobierno, en respuesta a una pregunta realizada por Juan López de Uralde, coportavoz de Equo y diputado por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, confirma el incumplimiento de esta norma: de los casi 198 millones de euros recaudados por el canon, solo 64 millones se han invertido en la mejora y conservación del dominio público hidráulico, es decir, de los ríos. Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España denuncian la infracción que reflejan estas cifras, pues se ha dejado de invertir una gran cantidad de dinero necesaria para salvaguardar los ecosistemas acuáticos. La cuestión es especialmente grave debido a que los ríos tienen un elevado grado deterioro por las presiones que ejerce la actividad humana y por los efectos del cambio climático. Entre otras cuestiones, las organizaciones consideran primordial destinar estos ingresos en proyectos de mejora de la de la continuidad fluvial, medidas para favorecer la migración de los peces y el transporte de sedimentos, recuperar cauces y espacios fluviales, proteger y conservar bosques de ribera o luchar contra especies invasoras que supongan un deterioro de estos ecosistemas.

En ese sentido, en diversas reuniones con la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, las organizaciones ecologistas han exigido el cumplimiento de la normativa y ahora, con los datos en la mano, estas organizaciones exigen que los 134 millones de euros que se han dejado de invertir en el cuidado de los ecosistemas fluviales, se dispongan para proyectos que mejoren la conservación de los ríos.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España consideran que este canon supone la recuperación de los costes ambientales de uno de los usos del agua, tal y como reclama la Directiva Marco del Agua, y que por tanto debería aplicarse a otras actividades basadas en este recurso. Pero esta inversión en la protección de los ríos se ha visto reducida en cada uno de los Presupuestos Generales del Estado en los últimos años, aunque desde el año pasado, además, incumpliendo nítidamente la normativa vigente.