El  subsecretario del
Ministerio de Agricultura, Jaime Haddad, presentó ayer, ante las Organizaciones
Profesionales Agrarias y Cooperativas Agroalimentarias, el plan de medidas de la
Administración General del Estado para paliar los efectos de la sequía en la
agricultura y la ganadería.

Durante la exposición, se ha
realizado un diagnóstico de la sequía meteorológica y un análisis de la sequía
hidrológica en las distintas cuencas hidrográficas de España, para describir a
continuación las medidas propuestas.

Desde el primer momento en
que se tuvieron los primeros signos de sequía, el Ministerio ha venido
convocando un grupo de trabajo con las organizaciones profesionales agrarias,
las cooperativas agroalimentarias y las CCAA para analizar los efectos de la
sequía en el sector agrícola y ganadero y las posibles acciones a implementar.

Cuatro grupos de medidas

El conjunto de medidas
propuestas se estructura en cuatro grupos: en torno al seguro agrario, la
fiscalidad, el acceso a la financiación y la PAC. Además se han anunciado las
medidas que están en tramitación dentro de un Real Decreto-ley que incluirían
exenciones del pago de tasas y cánones de riego y el aplazamiento de la cuota de
la seguridad social.

En lo que se refiere al
seguro agrario, se ha conseguido el compromiso de Agroseguro para agilizar
las peritaciones para que la práctica totalidad de ellas estén finalizadas en el
mes de julio y la totalidad en agosto. Para ello, se han incrementado
notablemente el número de peritos en el campo hasta un total de 360 en todo el
territorio, con el objetivo de que los productores cobren lo antes posible las
indemnizaciones. Además, las parcelas aseguradas en el seguro de explotaciones
de cultivos herbáceos extensivos que no tengan viabilidad, tendrán la
posibilidad de realizar el aprovechamiento en verde.

En cuanto a la fiscalidad,
se ha destacado la orden de reducción de módulos del IRPF para las producciones
afectadas por adversidades climáticas que, para este año se estima en una
reducción de la base imponible de 338M€. Los daños producidos en 2017,
especialmente los de sequía, tendrán su reflejo en la propuesta que se elabore
para la declaración de la renta de 2018.

Una de las medidas
principales de las anunciadas, ha sido la Orden de ayudas a la financiación
agraria que se publicó el pasado 5 de junio, que va a permitir facilitar el
acceso a créditos de liquidez a las explotaciones agrarias afectadas por la
sequía.

Esta línea contempla
subvenciones de hasta el 100% del coste de los avales concedidos por la Sociedad
Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) y un volumen de crédito máximo de 90
millones de euros, que será ampliable en caso de agotarse. No obstante, el
Ministerio ya está trabajando en una nueva orden de ayudas de financiación
adaptada a los cultivos más afectados por la sequía.

En cuanto a las ayudas de
la PAC, el Ministerio, a través del FEGA, va a solicitar a la Comisión el
adelanto del 70% de las ayudas directas de la PAC y el 85% de las de desarrollo
rural, lo que supone un montante de más de 3.000 millones de euros a nivel
nacional.

 Además, y para evitar la
pérdida de estas ayudas, se está tramitando la inclusión de una disposición en
el Real Decreto por el que se declara la situación de sequía en el Duero, por la
que el Ministerio reconoce que la actual sequía constituye un fenómeno climático
adverso asimilable a un desastre natural (por provocar daños que destruyen más
del 30 % de la producción anual media) para dicho ámbito territorial. Esto va a
permitir flexibilizar las condiciones de cumplimiento de los requisitos para
cobrar el “pago verde” y las medidas agroambientales.

Medidas en tramitación

Por último, el Subsecretario
ha anunciado la tramitación de un Real Decreto-ley por el que se exonera del
pago de la tarifa de utilización del agua y del canon de regulación a los
titulares de explotaciones agrarias afectados por la sequía hidrológica (en la
parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero, Demarcación
Hidrográfica del Segura y Demarcación Hidrográfica del Júcar) que hayan tenido
una dotación inferior o igual al 50% de lo normal.

A su vez, dicho Real
Decreto-ley contempla una moratoria sin intereses de un año a las cotizaciones a
la Seguridad Social correspondientes a los meses de julio de 2017 a febrero de
2018, ambos inclusive, para los titulares de las explotaciones agrarias
afectadas por la sequía, tanto hidrológica como meteorológica.

El Ministerio continuará
realizando un seguimiento de la situación de sequía y de las medidas aplicadas
en coordinación con las Organizaciones Profesionales Agrarias, las cooperativas
agroalimentarias y otras administraciones públicas.