La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y el Frente Polisario estudiarán acciones conjuntas para que Marruecos no siga exportando de forma ilegal productos agrícolas del Sáhara Occidental. Así se ha acordado durante la reunión en Madrid del responsable de Frutas y Hortalizas de COAG, Andrés Góngora, con la Delegada del Sahara para España y miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario, Jira Bulahi. Ambas organizaciones han analizado el contexto actual, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del pasado 21 de diciembre de 2016 que reconocía que los territorios del Sáhara Occidental están fuera del acuerdo comercial con Marruecos porque el derecho internacional no reconoce la soberanía del reino alauita sobre los mismos. La Sra. Bulahi ha agradecido el posicionamiento y las acciones de COAG a este respecto.

Asimismo, COAG ha trasladado su intención de continuar trabajando en esta cuestión, ya que es de gran importancia por las repercusiones que tiene para la situación de los mercados europeos de frutas y hortalizas, pero que también es relevante desde el punto de vista de la protección de los derechos de los consumidores y contribuyentes europeos.

COAG rechaza que la UE esté negociando con Marruecos la aplicación de una sentencia judicial, que no admite interpretación, y considera que se debe aplicar sin dilación. Por un lado, los consumidores deben ver asegurado su derecho a distinguir un producto procedente del Sahara Occidental de uno originario de Marruecos, algo que en la actualidad no es posible, y dar cumplimiento así a la normativa europea de etiquetado en la comercialización de frutas y hortalizas.

Por otro lado, la UE debe asegurarse de que no entran en el mercado comunitario productos agrícolas cultivados en los territorios del Sáhara Occidental como si fueran de Marruecos, tal y como viene ocurriendo hasta el momento. Este hecho supone una competencia desleal para los productores de la UE y la Comisión Europea debe investigar urgentemente los daños causados y revertir esta situación. Pero además, también supone un perjuicio para el contribuyente europeo por el incumplimiento continuado, y durante 16 años, del arancel aduanero común de la UE.