La consellera de Agricultura de la Comunidad Valenciana, Elena Cebrián, ha afirmado que «la ley de Estructuras Agrarias debe verse como un instrumento dinamizador de la agricultura en la Comunitat Valenciana» que aprovechará las fortalezas del sector y contribuirá a superar sus debilidades estructurales.
Durante su comparecencia en Les Corts para explicar la tramitación de este anteproyecto de ley, Elena Cebrián ha explicado que el Consell la impulsa para corregir los rasgos estructurales que impiden alcanzar una adecuada dimensión física o económica de las explotaciones agrícolas; superar las barreras de entrada a la actividad para los jóvenes o aquellos que quieran incorporarse a la agricultura; potenciar el papel de la agricultura en la conservación de suelo, agua y en la lucha contra el cambio climático, así como recoger y dar respaldo legislativo a multitud de iniciativas, como la gestión común o los bancos de tierra.
A este respecto, Cebrián ha recordado que el pasado 3 de marzo el Consell aprobó el anteproyecto de Ley y actualmente se trabaja en la revisión del texto para su adaptación a las recomendaciones indicadas en el informe emitido por la Abogacía de la Generalitat.
Asimismo, ha informado de que el documento continúa ahora su tramitación, consistente en la emisión de sendos dictámenes del Consell Econòmic i Social y del Consell Jurídic Consultiu. Posteriormente, se someterá a exposición pública y a consultas de organizaciones del sector. Una vez completados estos trámites, se elevará de nuevo al Consell para, en su caso, aprobación como proyecto de ley y finalmente será remitido a la cámara para su debate parlamentario y posterior votación.
La titular de Agricultura ha destacado como objetivo principal de la ley la configuración de un nuevo marco general que impulse la mejora de las estructuras agrarias en la Comunitat Valenciana. Como novedades, incorpora la creación de la figura de agente dinamizador; un mapa agronómico que constituirá una herramienta de planificación para las políticas agrarias de la Generalitat; la creación de una Red de Tierras, o la figura de la Iniciativa de Gestión Común (IGC). Asimismo, plantea medidas de apoyo público a la reestructuración parcelaria con apoyo del Consell e introduce incentivos fiscales a la adquisición y arrendamiento de fincas rústicas.
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