Los remolacheros españoles, alrededor de 6.000 en todo el territorio, viven “angustiados” desde que el ministro de Hacienda y Función Pública les “declaró la guerra” anunciando un proyecto de ley que establecerá un impuesto sobre bebidas carbonatadas y azucaradas. Los remolacheros, que producen la materia prima para elaborar este tipo de bebidas, consideran esto “un ataque directo” a su sector. Además, esta propuesta les mantiene “con el alma en vilo” ya que la consideran “sólo el primer paso”, y se preguntan cuál será “la siguiente agresión” al azúcar.

Tras el anuncio, UPA ha venido pidiendo el amparo del Ministerio de Agricultura. Durante la última reunión con la institución, celebrada esta misma semana, UPA ha clamado por el apoyo de la ministra Isabel García Tejerina para que “no se amilane ante Montoro y cumpla con su trabajo que es defender su sector ante este asalto”.

“La excusa de Montoro es fomentar una dieta equilibrada, cuando en realidad sólo está pensando en recaudar”, dicen desde la organización. “Pretende conseguirlo como le gusta al gobierno, imponiendo y prohibiendo”, indica UPA, “cuando lo que debe hacer la Administración es educar y concienciar sobre un consumo responsable de este producto que, a fin de cuentas, nuestro organismo necesita”, concluye.

UPA asegura que los datos “hablan por sí solos”. Mientras que Montoro ha asegurado que su impuesto recaudaría unos 200 millones de euros al año, el sector remolachero español emplea a 6.000 agricultores que cultivan 32.000 hectáreas de remolacha azucarera cuya transformación se realiza en cinco plantas transformadoras en las que trabajan 1.300 personas produciendo un total de 500.000 toneladas anuales de azúcar.

UPA ha recordado que “el brutal impacto” del impuesto de Montoro “sería especialmente devastador” en Castilla y León, donde trabajan 4.000 remolacheros que cultivan 22.500 hectáreas. Además, en esta Comunidad, de la que precisamente es originaria Tejerina, están instaladas cuatro de las cinco plantas transformadoras.

Todas estas cifras, avaladas por el conjunto del sector (productores e industria), así como por la Junta de Castilla y León a través de su Consejería de Agricultura y Ganadería, se resumen en 9.000 puestos de trabajo indirectos en toda España, el 70% de ellos en Castilla y León.

Por último, UPA ha recordado que el impuesto propuesto por Hacienda llega en el mismo momento que el sector está atravesando un momento de “especial vulnerabilidad” ya que el 1 de octubre se desmantela el sistema de cuotas de la UE para la remolacha. Fuente: UPA